La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha denunciado en los juzgados de instrucción de Palma la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y urbanísticos con ocasión del proceso de gestación y aprobación del Plan Territorial de Mallorca (PTM), que dio pie en 2004 a la recalificación de mil hectáreas en cinco municipios de Mallorca. El magistrado Pedro Barceló, titular de instrucción 1 de Palma, instruirá un sumario que la fiscalía ya prevé podría colapsar dicho juzgado.

La denuncia de la fiscalía, en cuya redacción han participado los fiscales anticorrupción, el fiscal de delitos urbanísticos y la cúpula del ministerio público en Balears, encabezada por Bartolomé Barceló y Ladislao Roig, no señala en concreto a ningún político del ámbito insular o municipal, promotor, constructor, o empresario de otro sector como posibles implicados en los delitos.

Mil hectáreas

La denuncia de la fiscalía afecta a los cambios de calificación urbanística en varias fincas de los municipios de Sóller, Campos, Marratxí, Pollença y Alcúdia. Gracias a la elaboración del PTM alrededor de mil hectáreas (un millón de metros cuadrados) pasaron de ser suelo rústico o no urbanizable a suelo urbanizable.

En los últimos meses un selecto grupo de agentes de la Guardia Civil, dirigidos por los fiscales, ha rastreado la situación de estas fincas recalificadas, fijándose especialmente en las operaciones de compraventa previas al PTM y posteriores a dicho plan de ordenación insular.

Los agentes han realizado distintas visitas a los Ayuntamientos incluidos en la denuncia y han recabado los expedientes concretos sobre las fincas recalificadas. El PTM incluyó lo que se llamó áreas de reconversión, un mecanismo que dio pie a la supresión de plazas hoteleras y urbanizaciones previstas en algunos puntos de la isla y su trueque por el traslado de la edificabilidad a otros lugares.

Cajas con documentos

Junto a la denuncia se han adjuntado varias cajas conteniendo cientos de documentos urbanísticos. Los investigadores han puesto especial interés en recopilar información sobre las normas subsidiarias de los municipios incluidos en la denuncia.

Estas cajas están rotuladas con el nombre del respectivo ayuntamiento.

En medios próximos a la investigación se ha definido la denuncia de la fiscalía como un primer paso en el esclarecimiento de los supuestos entramados de corrupción en torno al plan territorial.

Los delitos denunciados apuntan a la participación de cargos públicos o funcionarios en la supuesta corrupción y también a la implicación de promotores o constructores que se beneficiaron del presunto urbanismo ilegal.

Las actuaciones políticas que dieron pie a edificar sobre suelo no urbanizable serían el núcleo de las pesquisas, aunque ayer no se descartaba que, más adelante, puedan aparecer otros delitos como tráfico de influencias, revelación de secretos o similares.

La propia fiscalía ya ha advertido de que la investigación de todos los procesos de recalificaciones y otras modificaciones incluidas en el PTM podría colapsar el juzgado de instrucción 1, al que le ha tocado el caso por reparto. La instrucción de los casos de presunta corrupción urbanística es una tarea muy complicada, debido a la gran cantidad de documentación que se debe manejar y al gran número de personas que participan, de una u otra manera, en los procesos para recalificar terrenos. Además, se debe contar con el auxilio de peritos y expertos en la materia, de los que la Justicia carece.