La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado dejar en suspenso la creación de seis nuevos registros de la propiedad en Balears (cinco en Mallorca y uno en Eivissa) que fue decretada por el ministerio de Justicia el pasado marzo y que, junto a otras iniciativas similares en otros lugares de España, ha sido impugnada por un grupo de registradores.

Catorce registradores han interpuesto un recurso contra el real decreto 172/2007 que modificó, y amplió considerablemente, la planta de registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de toda España. Los cambios impugnados en Balears son la creación, por segregación de registros ya existentes, de los registros de Alcúdia (derivado del anterior de Pollença); Inca número 2; Calvià número 3; Manacor número 2, Palma número 12 e Eivissa número 3.

Los recurrentes también impugnaron otras disposiciones relativas a la forma de cubrir las vacantes de los nuevos registros y la situación de los titulares de los registros matrices en relación al viejo y al nuevo registro. El TS no ha entrado a analizar el fondo del asunto sobre las razones argüidas por los recurrentes para impugnar el real decreto, pero sí que destaca en el auto donde deniega la suspensión que la norma cuestionada tiene un evidente interés general para la ciudadanía. Frente a eso, los demandantes alegaron las posibles pérdidas económicas que podría ocasionar la puesta en marcha de los registros.

Los recurrentes señalaron que si su demanda finalmente es estimada podrían sufrir pérdidas económicas importantes por las inversiones en medios materiales y humanos realizadas para adaptarse a los cambios.

Algunos de los nuevos registros mercantiles de Balears ya han salido a concurso por ulteriores disposiciones del Ministerio.

El Gobierno justificó los cambios en el deseo de acercar el servicio registral al ciudadano y de incentivar la actividad económica. El incremento de oficinas registrales también quiere adecuarse al aumento poblacional de muchas localidades españolas, entre ellas algunas situadas en zonas costeras de Balears. Otro objetivo de la normativa impugnada es favorecer la aplicación de las nuevas tecnologías a la hora de hacer trámites en los registros de la propiedad.