El juez dicta que la contratación de la jefa de gabinete de Inmigración fue legal

Esta decisión judicial se produce por el recurso presentado por el Ejecutivo autonómico contra la decisión de la Inspección de Trabajo, respaldada por el delegado del Gobierno, Ramón Socías, de considerar irregular el citado nombramiento.

El problema radicaba en que la argentina Laura Giorgio había obtenido un permiso para trabajar en un restaurante propiedad de Encarnación Pastor. Cuando esta última fue nombrada consellera de Inmigración, decidió nombrar a Giorgio como su jefa de Gabinete. Sin embargo, los servicios de inspección laboral consideraron que no se había tramitado el cambio de actividad, lo que provocó la propuesta de sanción.

Asimismo, desde los grupos de oposición se reclamaron responsabilidades políticas, alegando que Giorgio había llegado al cargo por su "relación personal" con la consellera, lo que conllevó acusaciones de nepotismo.

Nombramiento, no contrato

El juez ha rechazado la tesis defendida por la citada Inspección, y considera que no se infringió la legalidad. Según la sentencia, contra la que no cabe ningún recurso ordinario, en este caso no ha existido una contratación, sino un nombramiento para un cargo público, por lo que no se le puede aplicar la normativa laboral para extranjeros.

Además, el juez destaca que la Comunitat Autònoma cumplió todos los requisitos para que Laura Giorgio fuera dada de alta en la Seguridad Social. En ese momento, según se destaca, ésta disponía de permisos de trabajo y residencia en regla.

La consellera Encarnación Pastor prefirió no hacer ayer ningún tipo de declaraciones al respecto, más allá de emitirse desde su departamento un comunicado en el que se destacaba la resolución favorable.

En este texto, se pone de relieve que la sentencia anula la resolución de la Delegación del Gobierno en la que aplicaba una sanción de 6.001 euros por considerar que se había incurrido en una infracción de carácter muy grave.