Los investigadores del caso Relámpago, contra una supuesta trama internacional de blanqueo de dinero, han localizado sociedades panameñas empleadas supuestamente para administrar bienes a nombre del actor estadounidense Michael Douglas, propietario, entre otros inmuebles, de s´Estaca, una de las fincas más emblemáticas de Mallorca.

Las empresas formarían parte de la supuesta red tejida en torno a una serie de despachos mallorquines con conexiones en paraísos fiscales, entre los cuales destaca Panamá.

Las sociedades han sido identificadas gracias al trabajo conjunto de la fiscalía anticorrupción de Balears, la Agencia Tributaria y el Cuerpo Nacional de Policía, coordinados todos ellos por el juzgado de instrucción 7 de Palma.

Cuentas corrientes

Los investigadores de la Operación Relámpago también están siguiendo el rastro a una serie de cuentas corrientes empleadas para los gastos de mantenimiento de fincas de Michael Douglas en Mallorca.

El nombre del actor norteamericano salió a relucir en la operación Relámpago el mismo día en que estalló el caso, el pasado 26 de abril.

Michael Douglas era uno de los clientes más famosos del bufete de abogados Feliu, que fue registrado a lo largo de varios días por comisiones judiciales. Gabriel Feliu Vidal era el socio del despacho encargado de mantener las relacioness personales con el prestigioso cliente.

Michael Douglas tiene derecho, tras su acuerdo de divorcio con su ex esposa Diandra Douglas, a utilizar s´Estaca medio año, de enero al treinta de junio.

El actor también creó hace años un centro cultural en Valldemossa, Costa Nord.

El Govern de Jaume Matas le compró Costa Nord por alrededor de 800 millones de las antiguas pesetas. A cambio el actor se comprometió a determinadas tareas de promoción de las islas, por las que viene cobrando unas cantidades periódicas.

El sumario del caso Relámpago se halla bajo secreto sumarial, una situación que se prolongará el tiempo necesario para ordenar la voluminosa documentación intervenida en los varios registros judiciales practicados. La medida ha sido dictada por el magistrado de instrucción 7 Antoni Garcías para tratar de garantizar el éxito de las diferentes líneas de investigación que se están siguiendo.