La comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Balears manifestó ayer su oposición a todas "aquellas propuestas sancionadoras y punitivas que pueden recaer sobre las personas que ejercen la prostitución", al tiempo que abogó por un compromiso de los poderes públicos con el desarrollo de los países más desfavorecidos a fin de "reducir los flujos migratorios vinculados a la prostitución". En una nota de prensa, la citada comisión argumenta que la "eliminación o reducción progresiva" de esta realidad no pasa por normativas que "penalicen, estigmaticen o priven de derechos a quienes precisamente sufren las consecuencias de la pobreza y la desigualdad".
"Son estas causas las que debemos combatir con todos los medios y no las personas que sufren sus efectos", arguye este organismo, que no realiza ninguna mención específica al municipio de Calvià, a pesar de ser pionero en Mallorca a la hora de poner en marcha una ordenanza municipal contra la prostitución callejera, una normativa que contempla la vía penal.
La comisión realiza todas estas valoraciones a raíz de la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de una ponencia sobre la prostitución en España.
En otra de sus aportaciones, considera que el hecho de que "el 90 por ciento de personas que ejercen la prostitución está directamente vinculado con los efectos negativos de la globalización económica neoliberal y con la desigualdad económica".
Asimismo, lamenta que los programas de atención social y de inserción laboral propuestos en el informe ministerial "no se ajusten a la realidad".
"En consecuencia, no constituyen alternativas aceptables para el colectivo al no satisfacer sus necesidades económicas más elementales", sostiene.
