En un comunicado, el Colegio se refirió así al Informe de la Ponencia del Congreso de los Diputados sobre la prostitución aprobado el pasado 13 de marzo y publicado recientemente en el que se opta por la continuidad del modelo normativo actual. Así, para los abogados, este camino significa la perpetuación del déficit de derechos que afecta a quienes ejercen la prostitución.

Además, considera que los programas de atención social y de inserción laboral propuestos en el informe no se ajustan a la realidad y, en consecuencia, no constituyen alternativas aceptables para el colectivo afectado por no satisfacer sus necesidades económicas más elementales.

Por otra parte, el Colegio se opone a todas aquellas propuestas sancionadoras y punitivas que puedan recaer sobre quien ejerza la prostitución y reclama un compromiso de los poderes públicos con el desarrollo de los países más desfavorecidos como medio para la reducción de los flujos migratorios vinculados a la prostitución.

"Es urgente y necesaria una reflexión sobre la situación actual de las personas que ejercen la prostitución, sobre la normativa existente en la medida que ha dado origen a dicha situación, y sobre las posibles vías de superación que resulten factibles", apuntaron.

Según sostienen, es necesario actuar "con decisión y creatividad" para ofrecer alternativas jurídicas y medidas sociales que permitan inducir una novedad radical en la situación existente. "De lo contrario, condenamos a este colectivo a constituir una subciudadanía marginal carente de derechos", continuaron.