El sindicato de los técnicos del ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) estima que el 66,7 por ciento de los alquileres de Balears son "sumergidos", esto es, que escapan del control del fisco, y cifra en 96,3 millones de euros lo que deja de ingresar la Agencia Tributaria por este motivo.
Así se desprende de un estudio realizado por la central hecho público ayer, que también calcula que en la actualidad existen alrededor de 40.652 alquileres sumergidos en Balears, lo que representa el 4 por ciento del total del parque de viviendas alquiladas en nuestro país.
El informe sitúa al archipiélago balear como la séptima comunidad con mayor porcentaje de arrendamientos no declarados. En el conjunto de España, el número de alquileres que el sindicato identifica como sumergidos supera los 977.306, lo que supone el 60,5 por ciento del total de viviendas arrendadas.
El informe de Gestha -elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)- cifra en 96,3 millones de euros anuales las rentas sumergidas en las Islas Balears derivadas del arrendamiento de vivienda.
De este cómputo, advierte el sindicato, se excluyen los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares. Mientras, en España la cifra asciende a un total de 1.800 millones de euros.
Según Gestha, otros arrendamientos más propensos a registrar irregularidades son los alquileres "de temporada", especialmente los situados en las localidades costeras y los protagonizados por los sectores socioeconómicos menos favorecidos, como son los inmigrantes o los estudiantes, cuyo domicilio suele ser provisional.
También son "susceptibles de irregularidades, aunque en menor medida", los relacionados con el alquiler de segundas residencias o de fines de semana, viviendas aparentemente desocupadas pero que, en realidad, esconden alquileres no declarados.
Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que el 82 por ciento del fraude por alquileres no declarados se concentra en Cataluña, Madrid, Andalucía, Islas Canarias, Valencia y Balears.
