El XXII congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), celebrado en Oporto (Portugal), respaldó de manera firme, aunque sin nombrarlos expresamente, las actuaciones de los fiscales mallorquines Juan Carrau y Pedro Horrach en los sumarios por presunta corrupción. "Algunos sectores de la sociedad se resisten a perder determinados privilegios económicos y sociales y por eso critican las actuaciones policiales y de los fiscales en la lucha contra la corrupción", postula una de las conclusiones del congreso, al que asistieron varios miembros del ministerio público de las islas.

En las últimas semanas se ha producido en Mallorca un rosario de artículos y pronunciamientos en contra del papel de los fiscales anticorrupción de Balears Juan Carrau y Pedro Horrach en los casos Andratx, Relámpago y Son Banya, donde aparecen como imputados varios abogados. Varias críticas han sido especialmente duras y han provenido de personas que ocupan, o han ocupado, cargos en el Colegio de Abogados. Otros fiscales españoles encargados también de sumarios contra tramas de corrupción han sido también víctimas de duras censuras e incluso insultos.

Actos perniciosos

La UPF, en el congreso al que asistieron el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el escritor y premio Nobel, José Saramago, ha calificado las críticas como intentos "de desviar la atención ante actos altamente perniciosos para la sociedad". Estas opiniones "son una expresión de la resistencia a perder determinados privilegios económicos y sociales" y son vertidas por "los mismos sectores que piden mano dura contra los delitos bagatela y los emigrantes", concluyen los fiscales progresistas.

El congreso de Oporto también ha tenido palabras de apoyo para los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado implicados "en la lucha contra la corrupción política y económica". Estos policías trabajan rodeados de dificultades y de gran presión "por la clase de delincuencia a la que se enfrentan".

Los fiscales han defendido la corrección de los registros y detenciones dentro de las operaciones anticorrupción desarrolladas en Mallorca y en otros puntos de España. El Congreso ratificó la inclusión del fiscal mallorquín Julio Cano dentro del secretariado de la UPF.