Un acuerdo extrajudicial ha puesto fin al pleito más antiguo y aún vivo de Balears, la reclamación que centenares de vecinos de los bloques de la urbanización palmesana de Los Almendros (Son Rapinya) iniciaron en abril de 1977 para conseguir arreglar los desperfectos de sus flamantes pisos. El pacto, rubricado entre dos de los tres promotores inmobiliarios condenados en vía civil a reparar los vicios de construcción, se basa en la entrega de dos millones de euros a las veintidós comunidades de vecinos que han aguantado tres décadas de pleitos, dinero que irá destinado a reparar sus edificios.
Los pisos del Parque de Los Almendros se acabaron en 1974, pero muy pronto sus propietarios, familias jóvenes y modestas en su mayor parte, se apercibieron de las humedades, grietas y otros defectos y vicios de los flamantes edificios. El 21 de abril de 1977 se incoó un sumario a raíz de una querella por estafa e imprudencia temeraria contra los tres promotores de la urbanización, Juan Oliver Mateu, Zourab Tchokotua y Tomás Forteza de Olives, y contra todo el cuadro de arquitectos, aparejadores y empresas que habían participado en el proyecto.
La vía penal, en la que ya desde el principio intervino como abogado de los vecinos Ignasi Ribas, se prolongó, por diversas vicisitudes, entre ellas las dudas sobre la aplicación anticipada del indulto de 1977, hasta 1992, cuando la Audiencia absolvió a los empresarios y técnicos.
En 1993 los perjudicados iniciaron acciones civiles y formularon una demanda millonaria en pesetas contra todos los intervinientes en la construcción de los edificios.
En 1998 el magistrado Diego Jesús Gómez-Reino estimó parcialmente la demanda y condenó a los tres promotores "a reparar las deficiencias constructivas que presentan los bloques".
El 13 de abril del 2002 la sala quinta de la Audiencia de Palma fue más contundente en su fallo y condenó a los promotores, y a su empresa Inmobiliaria Constructora Mallorquina S.A., a solventar todas las deficiencias. La sentencia fue recurrida en casación y estaba pendiente de su confirmación o revocación por parte del Tribunal Supremo.
La Audiencia dispuso en enero del 2005 el embargo de bienes de los condenados por 2,4 millones de euros, medida cautelar que será levantada tras el acuerdo extrajudicial. Los afectados esperan que las obras se inicien cuanto antes y se reparen las deficiencias.
