Antonio Huerta Briz fue contratado a mediados de la década anterior como arquitecto municipal de Sant Josep -el máximo responsable técnico de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento- para reforzar este área después de que el aparejador, Julio Blanco, hubiera sido inhabilitado por una sentencia judicial, a raíz de su intervención irregular en una obra de escasa envergadura vinculada a su familia en este municipio. La incompatibilidad que le afectaba le mantuvo suspendido de su empleo durante un año.

Sin embargo, en opinión la oposición, los arquitectos y los ecologistas, el remedio resultó ser peor que la enfermedad, pues Antonio Huerta comenzó rápidamente a acumular denuncias administrativas y, más tarde, penales por supuestas actividades irregulares.

Su nombre ha aparecido vinculado a muchas de las obras ilegales denunciadas y, en ocasiones, paralizadas por las instituciones en Sant Josep.

Sin embargo, las sospechas acerca de su conducta adquirieron dimensiones mucho mayores cuando se supo que Huerta dictaminó favorablemente obras cuyo proyecto había redactado su propia nuera, Pilar Fernández, en varios puntos del municipio. Alguna de estas obras proyectadas por Fernández, además, ha resultado estar envuelta en irregularidades, como la de Cala Molí -invadía un área protegida- o un edificio de Cala Carbó -tenía una planta de más-. Además, Pilar Fernández ha desarrollado todos los proyectos profesionales que se le conocen, alrededor de cuarenta, precisamente en el municipio donde su suegro es arquitecto municipal.

Por ello, los juzgados de instrucción números 1 y 3 de Eivissa siguen diligencias penales contra Huerta, su hijo y Pilar Fernández, por delitos de tipo urbanístico y medioambiental.