La remodelación de la Playa de Palma corre el peligro de quedar estancada debido a que el Gobierno está poniendo duras condiciones para continuar dando apoyo al proyecto, ya que se espera que su participación económica sea predominante.

El secretario general de Turismo, Raimon Martínez Fraile, manifestó ayer en Palma que esta ambiciosa reforma debe ser financiada en parte con la venta de servicios urbanísticos. Propone "definir cuál es el instrumento" a utilizar para desarrollar esta idea. En principio cree que se pueden obtener recursos mediante servicios como "la recalificación de terrenos" o "concesiones a empresas privadas".

Martínez Fraile aseguró que el Gobierno central tiene interés en continuar dando apoyo al consorcio que se ha creado para posibilitar la reforma y que está integrado por la Secretaría de Estado de Turismo, el Govern autonómico, el Consell Insular, y los ayuntamientos de Palma y Llucmajor. Dijo que la Playa de Palma "es una zona emblemática" y que "el Gobierno quiere colaborar" pero que será necesario "dar prioridad" a las obras a realizar.

Evaluar los costes

Otro tema pendiente y que urge aclararlo es el del coste total de las obras a realizar. Martínez Fraile dijo que es necesario disponer de una cifra "en el plazo de un mes" para saber de qué cantidades se está hablando. Hasta ahora no se ha hecho una evaluación aproximada de estos costes y se pretende disponer del dato dentro de este año.

La postura mostrada por Martínez Fraile no sorprende a los empresarios turísticos de la zona, porque ya la habían percibido durante la reciente visita realizada a Madrid.

El presidente de los hoteleros, Francisco Marín, no ve posible la venta de los servicios urbanísticos reclamada por Martínez Fraile, "porque la Playa de Palma no es como Madrid o Barcelona". Dijo que el secretario general de Turismo toma como ejemplo lo realizado con el Forum en Barcelona, "pero allí había muchos metros disponibles porque la zona del Poble Nou estaba despoblada, y quedó una zona ideal para urbanizar".

Marín añadió que "en Madrid sucedió lo mismo con los terrenos ferroviarios, cuyo propietario era Renfe, y al haber un solo dueño, la situación se simplificaba". El hotelero indicó que "en la Playa de Palma no hay tantos metros, y si hay recalificaciones para obtener dinero se montará un Manhattan, y eso lo veo muy complicado".

En cuanto a vender concesiones, "es aún más difícil debido a que Mar de Mallorca es el concesionario actual y si se le despoja de sus derechos será necesario indemnizarle, y estaremos en la misma situación".

En cuanto al coste de todo el proyecto, Francisco Marín espera que sean los dos ayuntamientos los que realizan la estimación. En un primer momento se habló de unos 200 millones de euros, pero esta cifra debe ser depurada y obtener una cantidad más certera.