Partidos políticos y patronales coincidieron ayer en reclamar la adopción de medidas para evitar que las Balears vuelvan a verse bloqueada por vía marítima o aérea ante cualquier conflicto, al considerar que unas islas deben tener garantizado el suministro de productos de primera necesidad.

Los portavoces del PP y del PSOE en las islas, Miquel Ramis y Francesc Quetglas respectivamente, coincidieron en que la normativa vigente presenta garantías para evitar estas situaciones, al fijar servicios mínimos en caso de huelga, o permitir sanciones y la intervención de las fuerzas de orden público en caso de actuaciones ilegales.

El portavoz socialista indicó que las repercusiones del bloqueo hubieran sido muy duras para las islas si se hubiese prolongado algunos días más, y recordó que los barcos pesqueros tienen matrículas para ser identificados, de ahí que en su opinión este tipo de presiones deberían conllevar duras sanciones.

Miquel Ramis coincidió con esa apreciación, aunque se preguntó por qué Quetglas no recuerda a los responsables del Gobierno socialista esa posibilidad. En su opinión, la gestión del conflicto por parte del Ejecutivo estatal ha sido "nefasta".

Desde UM, Miquel Angel Flaquer se declaró partidario de que los partidos pacten una nueva normativa en la que se endurezcan las sanciones contra cualquier protesta ilegal que bloquee las comunicaciones con Balears o Canarias, al considerar que la insularidad merece una protección especial.

Pere Sampol, del PSM, y Miquel Rosselló, de Esquerra Unida, coincidieron en la necesidad de respetar el derecho a la huelga, pero al mismo tiempo consideraron que el hecho insular hace necesaria la adopción de medidas que garanticen la llegada de productos de primera necesidad.

Exigencia empresarial

Las organizaciones empresariales son unánimes a la hora de reclamar iniciativas que garanticen que lo sucedido durante los últimos días en los puertos de Barcelona o Valencia no se va a volver a repetir, y consideraron que se deben fijar indemnizaciones para los afectados.

Desde Caeb se defiende que aeropuertos y puertos no pueden ser objetivo de movilizaciones que afecten las comunicaciones con las islas, y se hace un llamamiento a los partidos políticos para que actúen en consecuencia, una propuesta compartida por las dos patronales de comercio de las islas, Afedeco y Pimeco. La primera anunció que se va a hacer una estimación de pérdidas entre sus asociados para reclamar compensaciones a los pescadores.