El Consell de Govern reunido ayer dio luz verde a la empresa pública Ports de les Illes Balears cuyo creación está recogida en la recién aprobada ley autonómica de puertos.
En esta nueva empresa el hasta ahora director general de Puertos, Fernando Garrido, ocupará el cargo de vicepresidente ejecutivo, y la consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, en virtud del cargo que ocupa, la presidencia. Esta reestructuración ha obligado a suprimir la dirección general de Puertos que hasta ahora formaba parte de la conselleria de Obras Públicas.
El Consell de Govern también ha nombrado a 16 vocales que formarán parte del consejo de administración. Este órgano colegiado tiene, entre otros objetivos, aprobar los estatutos de la empresa pública, sus presupuestos, las tarifas por prestación de servicios y el canon que deben pagar los concesionarios de los puertos y la potestad de imponer sanciones.
Según señala la ley, la designación es por un periodo de cuatro años y al menos la mitad de los miembros designados deben serlo de acuerdo a criterios profesionales.
El portavoz del Govern, Joan Flaquer, ha remarcado que el nuevo ente público hará "más eficaz y dinámica la gestión de puertos" y quitó importancia a las críticas de la oposición para quien el Govern cada vez gestiona menos dinero y más las empresas públicas. Flaquer quiso recordar que cuando gobernó el Pacte "no eliminó ninguna empresa pública" sino que creó otras nuevas.
Convocatoria pública
Por otra parte el Consell de Govern aprobó ampliar la oferta pública de ocupación para 2005. Aunque el portavoz del Ejecutivo no pudo concretar a qué sectores de la administración corresponden, se autoriza a la conselleria de Interior a convocar pruebas selectivas para 129 puestos que tienen el carácter de plazas de estabilidad en el trabajo y 27 de promoción interna para conversión directa.
En breve se iniciará el proceso para la convocatoria de las pruebas selectivas para su cobertura.
Además se ha fijado definitivamente la oferta de ocupación pública para este año en 157 plazas. Es la cifra que surge una vez han finalizado los procedimientos correspondientes a la oferta de ocupación de 2004, donde se ha comprobado que doce plazas de personal funcionario no han sido ocupadas por lo que, "después de las preceptivas negociaciones con las organizaciones sindicales", se ha aprobado su inclusión en la oferta de 2005.
