La comisión de expertos que estudia la reforma del Estatut d´Autonomia balear acordó ayer proponer que en artículo que se incorporará para incluir el Régimen Especial Balear se incluya, entre las materias afectadas por el REB, la posibilidad de la Comunidad Autónoma para regular los horarios comerciales.

La vicepresidenta del Govern, Rosa Estarás, explicó al acabar la reunión de la comisión de expertos que el Tribunal Constitucional considera que los horarios comerciales forman parte de la ordenación general de la económica y, por lo tanto, es una de las competencias del Estado. Sin embargo, se trata de un asunto que, en el caso de Balears, se ve afectado por la condición de insularidad. Por ello, los expertos consideran que, si bien no se piden las competencias, sí debe figurar como una de las cuestiones que precisan un tratamiento especial dentro de lo que es el REB.

"Al tratarse de un territorio insular, existe un equilibrio diferente en lo que se refiere a grandes superficies", precisó Estarás. Añadió que, al introducir este asunto en la reforma del Estatut dentro del REB, se marca "la diferencia de Balears respecto a otros territorios en este tema", sin poner en duda las competencias del Estado.

Cláusula Camps

Junto a ello, los expertos acordaron proponer que la reforma balear no incluya la conocida como "cláusula Camps" (el presidente valenciano), consistente en que, una vez acordados todos los asuntos que se considere que debe incluir la reforma, se incorpore una cláusula por la que Balears se reserve además el derecho a todas aquellas cuestiones que logren el resto de las Comunidades y que no figuren en el texto estatutario de las islas. -se trata de una medida incluida en la reforma del Estatut valenciano pactada por PP y PSOE en aquella Comunidad.

"Los expertos consideran jurídicamente incomprensible esta clausula", dijo Estarás, quien puso como ejemplo el que podría llevar a "absurdos" como que "Castilla y León tuviera competencias en Costas cuando no tiene mar". Añadió que esta cláusula es una "decisión política" y los expertos se pronuncian sobre cuestiones jurídicas, por lo que "los partidos decidirán".

Por último, la comisión recomendó no incluir la potestad del Govern para aprobar decretos-ley, una fórmula para "casos de urgencia" de la cual el Gobierno central "abusa", por lo que creen mejor que no la tenga ninguna Comunidad.