La reforma del Estatut sigue en pie gracias a una propuesta del PSM sobre la distribución de diputados en la Cámara que satisface a los partidos de la oposición y no desata el rechazo del PP.

La ponencia parlamentaria que debate el texto se reunió ayer por la tarde bajo un ambiente de pesimismo y disputa. El PP se niega a fijar el número de diputados representantes de cada isla porque "ningún Estatut lo hace" y, en todo caso, esa tarea atañe a la ley electoral, argumenta su portavoz Joan Huguet.

El resto de partidos políticos entienden que esa negativa esconde el deseo de modificar el actual reparto en favor de Eivissa y Formentera, feudos de los ´populares´, mediante una modificación de la ley electoral.

Eduard Riudavets, del PSM, plantea que el Estatut establezca el porcentaje, que no el número, de parlamentarios que corresponde a cada una de las islas manteniendo el actual equilibrio, como ocurre en el País Vasco. A día de hoy, Mallorca está representada por 33 parlamentarios, Menorca aporta 13, Eivissa suma 12 y Formentera uno. Así, cualquier incremento en una de las islas debería trasladarse al resto.

A la salida de la comisión, Joan Huguet dijo sentir una "moderada satisfacción" porque nadie había amenazado con levantarse de la mesa de negociación. Sobre la iniciativa del PSM, señaló que la respuesta definitiva corresponde a los órganos del Partido Popular. En cualquier caso, no hubo un desprecio explícito. El partido mayoritario expresará su respuesta durante la reunión del próximo martes.

Unió Mallorquina quiso erigirse como árbitro a través de dos propuestas que fueron acogidas con más frialdad por el resto de formaciones. UM sugiere que un cambio en la ley electoral para alterar la distribución de diputados debe ir refrendado por tres quintas partes de la Cámara o por la mayoría simple si también se da esta circunstancia en todos los consells insulars.

El Partido Popular ofreció un pacto que consiste en no modificar la ley electoral hasta el año 2011, lo que garantiza la actual composición del Parlament. La respuesta de la oposición fue unánime. La portavoz del grupo socialista, Francina Armengol, aseguró que el PP "no es de fiar" y tildó la oferta de "rocambolesca" y "chistosa".

Su homólogo de Esquerra Unida-Els Verds, Miquel Rosselló, advirtió que si los populares no aceptan la alternativa del PSM supondrá el bloqueo "definitivo" del Estatut. "No podemos permitir que el pacto territorial se modifique mediante una mayoría simple -en la votación de la ley electoral-", insistió Rosselló.

Joan Huguet, más optimista, augura que los trabajos de la comisión estarán concluidos en marzo y que la reforma será aprobada por el Congreso de los Diputados en la presente legislatura.

Cambios de opinión

Por otro lado, el president del Govern, Jaume Matas, afirmó ayer en el pleno del Parlament que "no tiene nada de incompatible" defender el consenso para la reforma del Estatut y, a la vez, pedir una "moratoria" a la espera de lo que ocurra con la propuesta de financiación del Estatut catalán.

Matas realizó estas declaraciones en respuesta a un pregunta de la portavoz socialista, Francina Armengol, quien acusó al president de constantes cambios de opinión en este asunto. Para Armengol, "no tiene ningún sentido trabajar en algo que no se aprobará", a la vez que consideró que el PP balear "no tiene ningún interés en que se apruebe ningún proyecto de reforma". Matas sostuvo que en la reforma debe primar la "defensa de los intereses de Balears" y el asunto de la financiación es "fundamental" para lograrlo. "Además del consenso, hay que defender los intereses de los ciudadanos de las islas", contestó a Armengol.