Javier San Martín, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, recalcó ayer que el colectivo que preside " es el responsable del veinte por ciento de las regulaciones de extranjeros en nuestro país".
San Martín recalcó que la labor que desarrollan los graduados sociales es "indispensable para la convivencia pacífica" de la sociedad ya que, recalcó, "todos los seres humanos tienen derecho a una vida justa". El presidente de los graduados recordó durante la inauguración de este IV encuentro entre el órgano que preside y el CGPJ, que en esta ocasión está centrado en la situación del trabajador extranjero en España, "las desoladores de fotos de Ceuta y Melilla" aunque advirtió que "no hay que cerrar los ojos ante un problema cada vez más grave".
Francisco Navarro Lidón, presidente del colegio de graduados sociales de Balears, se congratuló de la celebración de este encuentro en Palma y aseguró que su colectivo asesora en materia laboral al setenta por ciento de las empresas de las islas.
Por su parte, Silvia Martínez Pomar, que representó en la inauguración al Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, dio cifras para justificar la importancia y relevancia del asunto central de este cónclave: "En septiembre de este año había 1.701.634 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, unos 67.000 más que en el mes anterior".
Derecho al trabajo
El president del Govern, Jaume Matas, también participó en el acto inaugural de ayer y recordó que "en Balears la inmigración no es un fenómeno nuevo" al tiempo que recalcaba que "en los últimos cinco años su población ha aumentado un veintidós por ciento".
El president, que señaló a alemanes, ecuatorianos, argentinos, marroquíes, británicos y colombianos, por este orden, como las nacionalidades más numerosas en las islas, resaltó la importancia del derecho al trabajo y de la labor de los órganos judiciales para garantizar la convivencia de la sociedad. Por ello indicó que "los graduados sociales y los magistrados son esenciales para fortalecer la economía y garantizar nuestra estabilidad".
La alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, señaló que el problema de la inmigración afecta sobremanera a los ayuntamientos, "la institución más cercana a los ciudadanos", y abogó por dar a los foráneos "unos derechos justos e igualatorios con el resto de los trabajadores". El presidente del TSJB, Antoni Terrasa, también destacó la labor de los graduados sociales en unos tiempos en que la Justicia se banaliza.
