El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, aseguró ayer que, durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, el estatut de Cataluña ha de supeditarse "a la Constitución y al interés general de todos los españoles".

El secretario de Estado, que asistió al acto inaugural del IV encuentro entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, dedicado en esta ocasión a la situación del trabajador extranjero en España, recordó que la aprobación del estatut catalán está en una segunda fase, la del Congreso de los Diputados, tras ser remitido por el Parlamento catalán, y que aún le resta, tras el trámite actual, la ratificación por referéndum de todos los catalanes.

La soberanía, en el pueblo

Sobre la polémica inclusión del término nación en el articulado del texto aprobado por la cámara catalana, señaló que se pueden estudiar muchas expresiones para incluir este concepto en el estatut sin quebrantar el hecho de que "la soberanía nacional reside en el pueblo español", un punto que calificó de "irrenunciable" y que, subrayó, "es la base de cualquier estructuración del territorio".

Para el secretario de Estado de Justicia, la lengua castellana es "un arma muy importante" en el procedimiento legislativo para señalar "lo que se quiere decir con términos claros y matizaciones", por lo que reiteró que existen múltiples alternativas para que ambas ideas puedan quedar reflejadas en el estatuto catalán.

En otro orden de cosas, López Guerra adelantó ayer que el Ministerio prevé racionalizar la administración de la Justicia mediante una reforma que permitirá que "todo el trabajo de índole administrativa que ahora realizan los diferentes juzgados se concentre en unos órganos específicos" que prestarán servicios a varios juzgados a la vez, un hecho que el secretario de Estado dijo que supondrá una "auténtica revolución" que redundará en la eficacia y el rendimiento de estos órganos judiciales.

López Guerra adelantó que la puesta en marcha de esta nueva oficina judicial, que se implantará en once localidades del país, entre ellas Palma, puede concretarse "entre los meses de septiembre u octubre del próximo año".

Secretario judicial

El secretario de Estado de Justicia, que cifró el coste de esta reforma judicial en torno a los cien millones de euros, añadió que las modificaciones que se llevarán a cabo en esta estructura jurídica se plasmarán en un anteproyecto de ley que modificará no menos de 22 leyes procesales y en el que, sobre todo, se potenciará la figura del secretario judicial.

En el transcurso de su parlamento durante la inauguración de este encuentro entre jueces y graduados sociales en el auditorio de Palma, López Guerra reveló que, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay seis millones y medio de residentes extranjeros permanentes, por lo que "una de las tareas fundamentales de nuestra sociedad es la regulación y la integración" de este colectivo.

Por ello, recalcó que "desde el ministerio de Justicia intentamos potenciar el mejor funcionamiento de la jurisdicción laboral" para evitar discriminaciones de los extranjeros.