Hacer justicia o reabrir viejas heridas. Dos argumentos que oímos cada vez que se instala en el debate político la recuperación de la memoria histórica. El último capítulo lo hemos vivido en Balears recientemente y, una vez más, ha provocado confrontación entre la izquierda y la derecha. Sin embargo, y más allá de la política, investigadores, historiadores y familiares de víctimas de desaparecidos se han organizado por su cuenta y colaboran para indagar en el pasado, cruzando datos para intentar poner nombre o localizar restos mortales. Un trabajo que llevan a cabo al margen y sin la ayuda de la administración.

En un pleno celebrado el 27 de septiembre, el Parlament debatió una propuesta socialista en la que se pedía la constitución de una comisión encargada de las siguientes tareas: elaborar censos de los desaparecidos durante la guerra y la postguerra así como de las fosas comunes o enterramientos irregulares; rehabilitar los nombres de aquellos que sufrieron persecución y procesos judiciales sin garantías; promover los honores debidos a los cargos públicos perseguidos por sus ideas democráticas y elaborar un censo de los signos fascistas que perduran con el fin de eliminarlos. El PSM propuso añadir dos puntos más: que se dé apoyo a las asociaciones cívicas que trabajan en la recuperación de la memoria histórica e incluir en los currículos educativos el conocimiento de la represión franquista. La propuesta socialista también obtuvo el apoyo de EU-Els Verds y de UM, que apuntó la posibilidad de convertir los monumentos existentes en memoria de todas las víctimas del conflicto armado. No se aprobó con el voto en contra del PP y con una polémica intervención de su portavoz, Joan Huguet.

"Jamás puedo estar en contra de que se investigue toda la verdad, hay desaparecidos y fosas comunes de un lado y del otro, pero creo que éste es un trabajo que deben llevar a cabo los historiadores e investigadores", comenta Huguet, porque en el momento en que intervienen los políticos aparecen "los intereses espurios de hacer héroes y culpables" .

Huguet, quien comenta que ni ha hecho ni quiere hacer uso de una víctima que también sufrió su familia durante la guerra, insiste en la necesidad "no de olvidar pero sí de perdonar" y tiene clara su opinión sobre los monumentos: si hacen referencia a las víctimas con carácter genérico deben referirse a todas las víctimas. Es distinto si recuerdan un hecho o un personaje histórico. El diputado popular considera, tal y como expuso en el Parlament, que propuestas como la socialista de recuperar la denominada memoria histórica "no son más que una forma elegante de disfrazar un regreso a la venganza y a la represalia. Igual que Franco, pero en sentido contrario...".

El posicionamiento de Huguet causa "sorpresa" y cierta indignación entre la izquierda. "Pedimos el reconocimiento de las víctimas, no la persecución de los culpables", comenta la diputada socialista Aina Rado. "Huguet se ha disfrazado de extrema derecha", afirma Miquel Rosselló (EU-Els Verds). "El pasado está enterrado, lo que queremos es desenterrar a las víctimas", añade Eduard Riudavets (PSM).

Al margen de símbolos por todos conocidos, los partidos de izquierda no disponen de censos -tanto de víctimas como de monumentos- y todos ellos señalan a un grupo de gente que trabaja para la recuperación de la memoria histórica en Balears como el referente para obtener información.

El "alma" de esta iniciativa es Jaume Escales, historiador y profesor en Inca, que explica que un grupo de investigadores interesados en el tema se pusieron en contacto a través de una lista de correo para compartir testimonios, información... Hoy ya son 200 personas y ya tienen web propia: www.memoriadelesilles.org.

"Llega un momento en el que no sabes si ejerces de historiador o de conversador", explica Escales, que no oculta la dureza de esta tarea. "Esto ya es un fracaso porque la mayoría de testimonios ya no están". Historias que se perderán en pocos años como la entrevista que el propio Escales realizó a Miquel Tur Riera, encarcelado por el régimen franquista, antes de morir u otras muchas que se recogen en la página web mencionada. "Es un tema que no vende o que no interesa a los partidos y las familias de desaparecidos no han tenido un referente ni político ni institucional", lamenta Escales.

David Ginard, historiador, coincide en que "lo trágico es que la administración debería haberse encargado de investigar hace ya años como sí se ha hecho en otros países de América Latina. En España lo han hecho historiadores con escasos medios a partir de los ochenta". A ello se suma la evidencia de que las fuentes que pueden aportar información son más difíciles de encontrar. En Balears, la cifra de ejecutados y desaparecidos entre los años 1936 y 1937 podría oscilar entre los 2.000 y los 3.000.