El magistrado Javier Gómez Bermúdez, presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, vio ayer factible en Palma que dicho alto tribunal admita ser competente para investigar el caso de los aviones de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), la utilización de Palma y su aeropuerto como base de operaciones y de tránsito de vuelos camuflados para secuestrar a presuntos terroristas islamistas y trasladarlos a países donde habrían sido sometidos a torturas y vejaciones. Gómez Bermúdez, que ha sido el presidente del tribunal encargado de dictar la primera sentencia del mundo contra la red terrorista de Al Qaeda, explicó ayer que existen dos posibles caminos legales para que la Audiencia Nacional empiece a investigar los repetidos movimientos y estancias de aviones fletados por la CIA que han temido lugar en Mallorca entre enero del 2004 y la actualidad.

El magistrado palmesano Antoni Garcías ha dictado un auto inhibiéndose del caso en favor de la Audiencia Nacional. Garcías abrió unas diligencias a raíz de la denuncia de un grupo de letrados de la comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de Balears que basaron sus acusaciones en la investigación periodística previa realizada por DIARIO de MALLORCA. Posteriormente otro grupo de ciudadanos, encabezado por el letrado Ignasi Ribas, interpuso una querella por los mismos hechos.

Gómez Bermúdez ha participado en Palma en las II Jornadas Comunicación y Justicia, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial.

El magistrado, uno de los máximos expertos en España en terrorismo, explicó que "será el juez central de la Audiencia Nacional al que le corresponda el asunto por reparto, quien se pronuncie sobre la competencia y la posible comisión de actividades delictivas relacionadas con este caso".

"Iter criminis"

No obstante, el presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional añadió que existen dos posibles caminos legales para que dicha instancia inicie las pesquisas oportunas sobre estos vuelos.

Javier Gómez Bermúdez añadió que "si técnicamente esas escalas en Palma han sido parte de un itinerario criminal, de un itinerario del delito, lo que se conoce como iter criminis, sí podría ser competencia la Audiencia Nacional".

La segunda posibilidad sería que se demuestre que existen indicios de delitos contra el derecho internacional, ya que, según el magistrado, podría aplicarse la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que otorga a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional competencias para defender los derechos humanos a nivel internacional, aunque las víctimas no sean españolas. Dicho fallo permite investigar delitos de lesa humanidad cometidos en todo el mundo.