Los ayuntamientos de la comunidad autónoma deberán renovar la inscripción en el padrón de unos 60.000 inmigrantes a partir de diciembre. Es entonces cuando entra en vigor una resolución del Instituto Nacional de Estadística (INE) que marca que en caso de no hacerlo caducará la inscripción de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente transcurridos dos años desde su alta en el padrón o desde la fecha de la última renovación.

Para llevar a cabo de forma correcta esta operación -que fue adelantada por este periódico y supondrá una ingente carga de trabajo para los encargados de los padrones y podría provocar avalanchas en las dependencias municipales-, la Federació d´Entitats de les Illes Balears (Felib) celebró ayer una jornada informativa en su sede.

Esta medida entra en vigor a partir del 22 diciembre, mes en el que caducarán las inscripciones de 60.000 extracomunitarios sin residencia permanente que se registraron en el padrón en 2003 o en años anteriores, razón por la que la cifra es tan abultada, explicó el delegado del INE en Balears, Joan Pons.

La directriz afectará a extranjeros no comunitarios ´sin papeles´ y a los que tengan permisos de forma temporal. Todos ellos estarán obligados a renovar su inscripción padronal de forma bianual. Quedan exentos los inmigrantes con residencia permanente, esto es, la que se obtiene después de haber contado durante cinco años con las autorizaciones pertinentes.

La resolución responde a una modificación de la ley reguladora de bases del régimen local motivada por la reforma de la Ley de Extranjería. El procedimiento para determinar a cuántos inmigrantes les afectará la medida ha partido de información, que a partir de diciembre será mensual, facilitada al INE por la dirección general de la Policía. Las fuentes policiales le comunican al instituto la relación de los ciudadanos extranjeros que cuentan con autorización de residencia permanente, el INE localiza en sus bases a estos y deduce, por exclusión, cuáles son los que no la tienen y se lo comunica a los ayuntamientos.

Así, antes de que se cumpla la fecha de caducidad de la inscripción, los consistorios "podrán" -según dicta la resolución de 28 de abril del INE- "efectuar un preaviso" a los interesados, es decir, no están obligados a hacerlo. Después informarán al INE de la renovación o de la baja del extranjero.

Este procedimiento corresponde a la intención de intentar resolver "la laguna existente en la gestión de los padrones municipales, en relación con los extranjeros que abandonan España y permanecen inscritos en los mismos", dice la resolución.

Veintiocho mil en Palma

En Palma, el municipio más afectado por la nueva medida, caducan en diciembre las inscripciones de 28.000 extranjeros. En los meses siguientes se prevé que las renovaciones no serán tan elevadas, y mensualmente caducarán las de unos 1.500 ciudadanos, comentó el jefe de Población del ayuntamiento de Palma, Tomás Lladó. En Madrid se prevé que afecte a 300.000 inmigrantes y en Barcelona a 113.000, añadió.

"Teóricamente van a comparecer los 28.000 a decir que siguen aquí", señala Lladó, por lo que se están modificando herramientas informáticas y "mirando locales y personal" para atenderlos. Cort ha decidido enviar cartas de notificación a todos los extranjeros afectados y hasta enero no empezará a cursar las bajas.

Joana Alomar, secretaria de la Felib, admitió que "será mucho trabajo, pero el esfuerzo redundará en padrones al día".