El magistrado Antonio Garcías Sansaloni ha decidido remitir a la Audiencia Nacional el caso de la utilización de Son Sant Joan como base de operaciones de la CIA para secuestros y traslados de sospechosos de terrorismo islámico a países donde se práctica la tortura en los interrogatorios, ya que considera que no compete a su jurisdicción por una cuestión de territorialidad. En un auto con fecha 4 de octubre y notificado ayer, el juez señala que "los hechos denunciados hacen referencia a delitos cometidos en el extranjero" que por su tipología le obligan a inhibirse en favor de los juzgados centrales de instrucción.

En su escrito, el magistrado apela al artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), párrafo primero, donde se dice que "la sala de lo penal de la Audiencia Nacional conocerá los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. En todo caso, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los acontecimientos reseñados". Además añade que "el artículo 88 del mismo texto legal establece que la instrucción de las causas a enjuiciar por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se realiza por los juzgados centrales de instrucción".

El magistrado establece un plazo de tres días para que las partes personadas y la Fiscalía puedan presentar recurso de reforma. El fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, archivó el pasado mayo las diligencias informativas abiertas a raíz de la denuncia planteada por presuntos delitos de detención ilegal, secuestro y torturas por un grupo de ciudadanos encabezados por el letrado Ignasi Ribas. Según expuso el fiscal, las investigaciones realizadas por la Guardia Civil acreditaron la presencia de las aeronaves en Palma, pero no su vinculación con la CIA, ni su cometido.

Posteriormente, los letrados integrantes de la comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados presentaron una denuncia en los juzgados, que se derivó al magistrado Garcías. A su acción se sumó la querella criminal presentada por el grupo de once ciudadanos encabezados por Ignasi Ribas, en un nuevo intento de que el asunto se investigara. También fue asumido por Garcías al tratarse de un mismo asunto. En ambos casos, los denunciantes aportaron a la Justicia las informaciones publicadas por DIARIO de MALLORCA, que destapó el caso.

El magistrado ha decidido ahora inhibirse en favor de la Audiencia Nacional sin resolver las peticiones de pruebas formuladas por las partes. Entre otras cosas, reclaman que se les dé traslado de las averiguaciones realizadas por la Guardia Civil. Para Ribas, puede ser determinante en el caso la decisión del Tribunal Constitucional que permitirá a la justicia española perseguir genocidios, terrorismo y torturas aunque no haya víctimas españolas, como defendía la Nobel Rigoberta Menchú.