El escrito de acusación del empresario Jaime Moll por el llamado caso Royaltur, la presunta estafa multimillonaria en torno a la compraventa a principios de los 90 del grupo hotelero mallorquín del mismo nombre, atribuye a su ex amigo Simón Galmés, en aquella época vicepresidente de la Banca March, el aprovecharse de su relación para engañarle y desposeerle de su patrimonio. El escrito de acusación consta de 36 folios y el abogado de Moll, Rafael Perera, atribuye en él los principales papeles en el supuesto entramado a Galmés y a Juan Piguillem, consejero delegado de Inmobiliaria Alcázar, una empresa acusada de apropiarse del patrimonio del grupo hotelero.
Perera reclama sendas penas de 6 años de cárcel por una supuesta estafa para Galmés y Piguillem. La acusación también pide idéntica condena para dos inculpados de segundo nivel: Juan Bautista Llorens Beltrán de Heredia, director general de Inmobiliaria Alcázar, y Antonio Mascaró, por entonces director general de Banca March.
La familia Moll reclama a los acusados, y a Banca March, Inmobiliaria Alcázar y una filial de ésta, Geinsa, una indemnización de 94,12 millones de euros (15.660 millones de pesetas). El fiscal Juan Carrau ha pedido el archivo de la causa al estimar que los hechos no son delictivos.
Dos empresas en quiebra
La tesis de la acusación particular es que los cuatro imputados, con la excusa de ayudar al grupo Royaltur a solucionar los problemas económicos, idearon una trama para usar dicho patrimonio hotelero en el reflotamiento de Inmobiliaria Alcázar y Geinsa, que arrastraban a principios de los 90 fuertes pérdidas y estaban en situación técnica de quiebra no declarada.
Jaime Moll dice en su escrito en varias ocasiones que era un gran amigo desde hacía años de Galmés, que también era director general de Banca March. El empresario hotelero dice que Galmés traicionó "la plena confianza" que tenía depositada en él y le indujo a dejarse embaucar en un plan de salvación de su grupo, que acabó en el 95 con la pérdida casi total de su patrimonio. La acusación imputa a los cuatro implicados el urdir un plan basado en ingeniería financiera para reflotar Alcázar y Geinsa y lucrarse personalmente con el patrimonio del hotelero.
El relato de hechos incluye varios hitos de las relaciones entre las partes y que empezaron en agosto del año 92 y concluyeron en julio del año 95.
Jaume Moll afirma que su ex amigo Simón Galmés, además de traicionar su amistad, llegó a acosarle e intimidarle en la fase final de la historia para inducirle a desvincularse de Geinsa, la empresa que acabó poseyendo la totalidad de las acciones e inmuebles de su grupo hotelero.
La calificación provisional atribuye a Piguillem un gran protagonismo en las complejas operaciones societarias y financieras que sirvieron para materializar la presunta estafa. Perera califica en un momento a Piguillém de "astuto", puesto que indujo a Jaime Moll a firmar una serie de documentos en los que renunciaba a ejercer acciones de reclamación futura y alababa su gestión en las operaciones.
Las defensas también postulan que los hechos no son constitutivos de delito.
