La sintonía entre UM y PP se rompió ayer después de siete horas de debate en el pleno del Consell. Tras la aprobación de los presupuestos, del aumento de tasas de la incineración, la modificación del plan director sectorial de residuos y la creación de la tasa en suelo rústico, PP y UM se desmarcaron en dos mociones presentadas por la oposición: la primera, sobre la defensa del uso público del dominio público (defendida por el PSM) y la segunda, sobre el caso ses Salines (presentada por el PSIB). Esta segunda moción fue modificada parcialmente por UM antes de votarla y fue aquí donde la presidenta Maria Antònia Munar tuvo que hacer valer su voto de calidad al producirse un empate a 16 consellers. Faltaba el conseller socialista, Francesc Quetglas, que se había ausentado en la sesión de la tarde por motivos personales.
Caso Pedro J.
Aunque el nombre del director del periódico no aparecía en la moción sobre dominio público que presentó el PSM, sí salió a relucir durante la discusión por el caso de la polémica piscina en suelo público. Se pedía al Consell que "instara al ministerio de Medio Ambiente a tomar medidas que garantizaran el derecho de acceso y paso por las zonas de dominio público marítimo terrestre mallorquín". También se pedía al Consell que instara al ayuntamiento de Manacor a defender sus caminos públicos", en referencia a es Fangar o Cala Varques.
La moción no salió adelante por un voto (no estaba en su sitio la presidenta del Consell) pero fue el primer punto de desencuentro. El conseller de Territorio, Bartomeu Vicens, quiso dejar claro que votaban a favor pero desde el respeto a las instituciones competentes el ministerio de Medio Ambiente y los ayuntamientos.
La moción también pedía que el Plan Territorial de Mallorca adoptara medidas para garantizar el uso del dominio público. Esta referencia la obvió el conseller de Territorio que aseguró que era imposible modificar el Plan al tratarse de una norma general, pero le convenció el espíritu de la moción. Finalmente, 15 votos a favor y 16 en contra del Partido Popular.
El conseller del PP, Antoni Coll, defendió que el Consell no tiene competencias y que, en el caso de la piscina, Costas ya había actuado prorrogando el uso privado del dominio público. Coll argumentó el "respeto a la propiedad privada" y la opción de "negociar con los propietarios" antes de ir a pleitos que la mayoría de veces se pierden. El PP se mostró bastante sorprendido de la postura que había adoptado su socio de gobierno respecto a la moción.
