La empresa pública Gesma, responsable del sistema público sanitario de Balears, otorgó en exclusiva a dos farmacias de Palma la venta de medicamentos para un grupo de enfermos mentales. A cambio, les entregaban una donación que, según Gesma, la recibían los propios pacientes para destinar este dinero a los gastos de ocio.

Estas supuestas irregularidades se han cometido en el servicio de atención residencial comunitaria (SARC) y se descubrieron a raíz de una denuncia formulada por el sindicato Stei. Este servicio controla a los enfermos mentales que residen en viviendas tuteladas, en lugar de permanecer ingresados en el hospital psiquiátrico. Tras la denuncia sindical la empresa pública reaccionó asumiendo la compra directa de estos fármacos, con la excusa de que con esta gestión se ahorrará dinero. Asimismo, la empresa ha comunicado que "asume hacerse cargo del abono de una cantidad igual a esta donación con el fin de que los pacientes no sufran menoscabo en sus actividades de ocio", según un acta firmada por los responsables de la empresa. El sindicato Stei niega que se trate de un donativo, sino que se han pagado comisiones. También rechaza que el dinero lo hayan cobrado los enfermos, sino que ha sido el responsable de este servicio, Antonio Mayol, quien ha dispuesto de estos ingresos sin dar cuenta a Gesma de su existencia ni justificar su destino. El Stei cree que sería un hecho insólito que un enfermo recibiera un donativo de una farmacia a cambio de una receta, más si se tiene en cuenta que se trata de personas que suelen acudir ellos a comprar la medicación, sino que lo hacen los monitores.

En un documento oficial, que recoge los temas planteados en una reunión entre la empresa y los sindicatos, el secretario general de Gesma, Carlos Hernández, reconoce que estas farmacias pagaban una donación a cambio de vender estos medicamentos. Esta situación se considera irregular puesto que no sólo es ilegal que un comercio privado pague por dar un servicio a una empresa pública, sino que tampoco se ha convocado ningún concurso público para otorgar este privilegio. Carlos Hernández reconoce por escrito que tuvo noticias de este asunto en junio, pero señala que fue una decisión tomada por el anterior gerente. También reconoce que existen dudas legales sobre este acuerdo comercial, por lo que la empresa pública tomó la decisión inmediata de dar por terminada esta relación comercial y asumir la compra de los fármacos.

Destino del dinero

Desde el sindicato Stei se ha pedido a la empresa que se averigüe la cantidad económica que han recibido estas dos farmacias de Palma a cambio de la exclusividad por la venta de estos fármacos. El SARC controla a más de 50 pacientes y cada uno consume al mes un gasto medio de 600 euros en medicación. Francisco Moreno, responsable de este sindicato, considera que es una "excusa inaceptable" que desde Gesma se manifieste que estos fármacos los vendieran en exclusiva estas dos farmacias porque son productos difíciles de encontrar en el mercado. Moreno recuerda que todas las farmacias tienen acceso a los mismos medicamentos, a través de la cooperativa farmacéutica, y que es absurdo que un paciente que reside en Inca se desplace a Palma para obtener estos medicamentos.

El sindicato exige el cese inmediato de Antonio Mayol "por no informar del acuerdo con estas farmacias, ni de haber dado nunca explicaciones del destino de estos donativos".