"El Govern se queda corto" comentó el diputado socialista y ex conseller de Turismo, Celestí Alomar, del plan de reconversión del Ejecutivo. A su juicio, "el turismo es una cuestión de Estado que exige ir más allá del interés de empresa. No puede ser sólo el negocio de unos pocos, sino el beneficio de todos", y se mostró contrario a una aprobación de cambio de uso turístico por residencial de forma generalizada y abogó por incentivos fiscales para los empresarios que mejoren la calidad de sus instalaciones y mantengan los puestos de trabajo.
"De lo contrario, se premia a quien no es capaz de mantenerse de acuerdo a las reglas del mercado", afirmó el socialista, quien instó a que el foro consultivo se abra a profesionales (arquitectos, aparejadores, geógrafos...) y a los partidos políticos. También instó al Govern de Matas a aprovechar el consenso existente en torno a la necesidad de renovar el modelo turístico, "algo que no tuvo el Govern de Progrés, que sufrió el boicot del Gobierno central y de la parte más conservadora de la patronal hotelera".
"Esta propuesta acabará de degradar más las zonas turísticas", declaró el portavoz parlamentario del PSM, Pere Sampol. "La reconversión no reduce la oferta turística. Nadie puede impedir que esos apartamentos creados sobre antiguos hoteles sean alquilados a turistas de forma legal o ilegal", añadió el líder nacionalista, para quien "el uso residencial es incompatible con el turístico. El residente quiere silencio por la noche y el turista, ambiente".
En el mismo sentido se expresó Miquel Rosselló, de EU-Els Verds, quien además exigió una reconversión "con acuerdo social y beneficiosa para el medio ambiente". "Convertir los hoteles obsoletos en apartamentos no resolverá el problema de la vivienda", vaticinó Rosselló, quien abogó por políticas de esponjamiento.
