El fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, abrió diligencias el pasado 22 de junio para investigar la supuesta falsificación de firmas en contra de los grandes proyectos viarios previstos en Mallorca tras la denuncia presentada por la conselleria de Obras Públicas.
Así lo dieron a conocer fuentes del ministerio público ayer, jornada durante la cual el portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Fernando Rubio, volvió a insistir en su "sospecha política" de que existe una vinculación "clara" y "manifiesta" del PSM con la "trama" de alegaciones supuestamente falsas contra distintos proyectos de carreteras de la institución insular y del Govern. Rubio dijo considerar sospechoso que Antoni Alorda, portavoz del PSM en el CIM, se dirigiera a hablar con los activistas antiautovía que acudieron en su día al pleno de la institución, lo que, a su juicio, prueba que allí había una "organización clara".
Alorda: "Rubio es peligroso"
Ante las acusaciones de Rubio, Alorda fue ayer tajante y volvió a pedir su dimisión tan pronto se aclare que el PSM no está detrás de unas anomalías que consideró "anecdóticas": "No se merece su puesto, es peligroso y antidemocrático; es una vergüenza sea portavoz del PP en el Consell y yo pediría a su partido que destituya de inmediato a este individuo". A ello agregó: "Rubio, un político que se atreve a calificar de 'mafias' a las plataformas cívicas sólo porque no comparten sus ideas, no merece seguir en política, es peligrosamente antidemocrático". Agregó que el PSM está junto a las plataformas, comparte sus objetivos, cree en su civismo y se solidariza con ellas ante lo que califica de "persecución infame" por parte del PP y UM. También lamentó que se utilice la situación para deslegitimar a todo un movimiento popular y miles de firmas en contra de los proyectos de carreteras programados en Mallorca. Además manifestó que existe un "error de cálculo" si se afronta antes este asunto que otros como "los casos Mapau, Bitel y Rasputín".
Por su parte, Miquel Ramis, portavoz del PP, se expresó en el mismo sentido que la semana pasada, cuando el fiscal anunció que había abierto diligencias informativas para investigar el caso Rasputín y subrayó que su grupo respetará la acción de la justicia. "Igual que el PP expresa respeto en un tema que podría perjudicar al partido, como es el Rasputín, manifiesta respeto en este".
Desde el GOB, Macià Blázquez manifestó: "Parece mentira que se criminalice a ciudadanos que se han manifestado contra la barbarie que supone el plan de carreteras". Añadió que es posible que se hayan producido "negligencias", pero recalcó que nunca se ha actuado con "mala intención". Asimismo, recordó que la asociación tiene presentado un contencioso por las supuestas irregularidades "graves" de procedimiento cometidas por la Administración durante la tramitación de la modificación del plan de carreteras. "Son mucho más punibles estas irregularidades que las posibles negligencias o distracciones de las plataformas", dijo Blázquez, quien concluyó que es "inadmisible" que se trate de lograr que la población "no abra la boca". El grupo niega que se haya dado suplantación de la personalidad en las alegaciones.
