La presunta manipulación de alegaciones al Plan de Carreteras del Consell y a proyectos viarios del Govern, especialmente la autovía Inca-Manacor y el segundo cinturón, provocó ayer un duro enfrentamiento entre el portavoz del PP, Fernando Rubio, y el del PSM, Antoni Alorda, en el que Rubio acusó al PSM de estar "presuntamente detrás de las supuestas falsificaciones" y apuntó a "mafias" que, en su opinión, habrían manipulado la voluntad de ciudadanos.

Alorda, por su parte, señaló que el PP y UM quieren acallar la voz crítica de buena parte de los ciudadanos contra sus proyectos viarios y acusó de antidemocrático al PP por su intención de desprestigiar la actuación de las plataformas que se han constituido en contra de los proyectos. Además, reclamó a PP y UM que otorguen la misma importancia a las más de 20.000 alegaciones correctas que están dando a las supuestamente manipuladas e instó a ambos partidos a convocar un referéndum para comprobar si los ciudadanos apoyan o no sus proyectos viarios.

Tras el pleno, el portavoz del PSM pidió la dimisión de Fernando Rubio por "por decir que las plataformas son unas mafias y por confundir actuaciones individuales con las de las plataformas e incluso la oposición".

Según el PP, se han hallado, del total de 23.000 alegaciones presentadas, unas 2.000 supuestamente falsificadas, y el Consell otras 400. Estos hechos ya han sido puestos por el Govern en conocimiento de la fiscalía y, en este sentido, Rubio instó al ministerio fiscal a actuar "con la misma celeridad que en otros casos en la apertura de diligencias", en clara referencia al caso Rasputín. Asimismo, Rubio planteó la posibilidad de solicitar formalmente la apertura de una comisión de investigación en el Consell.

El debate sobre las alegaciones se planteó durante la discusión de una moción del PP -que fue aprobada con los votos del PP y UM a favor y los de la oposición en contra- por la que el Consell "reprueba el comportamiento de las personas o colectivos" que hubieran manipulado las alegaciones y por la que también se insta a las propias plataformas a investigar la autoría de las presuntas falsificaciones y también a que rechacen "públicamente" dichas actuaciones.

El PSM había presentado una enmienda a la totalidad, que apoyaron PSIB y EU-Verds, por la que se condenaban las "alegaciones anómalas" e instaba al Consell a pedir disculpas a los ciudadanos que se han movilizado "por la persecución a que han sido sometidas".

Igualmente, en la moción rechazada se reconocía la gran contestación social a los proyectos viarios, materializada en la manifestación del pasado 14 de febrero y en las más de 20.000 alegaciones.

Todos los partidos se esforzaron en dejar clara su condena a la manipulación de alegaciones e incluso Margalida Rosselló (EU-Verds) insinuó su duda de que UM y PP no tuvieran alguna relación.

El conseller insular de Obras Públicas, Antoni Pascual, señaló que lo único cierto es que las alegaciones las registraron la plataforma y las atribuyó a "incontrolados" que han desprestigiado la labor de dichas organizaciones.