El Govern ha iniciado una campaña que persigue descubrir a los propietarios de pozos de agua que no paguen impuestos, y ello ha creado un gran malestar en la payesía porque se están enviando cartas a los agricultores para que certifiquen esta condición laboral. La patronal Asaja está desconfiando de estas misivas porque creen que esconden otros motivos y su presidente, Gabriel Company, ha calificado de "injustificada y voraz" a la política recaudadora del Govern.
El director de Tributos del Ejecutivo, Jorge Sainz de Baranda, negó ayer que se trate de una persecución a los payeses y ha señalado que se trata "de controlar pozos de agua" a fin de que "no haya discriminación", ya que los agricultores no pagan el canon de saneamiento y se sospecha de que podría haber pozos instalados "en viviendas residenciales" que tampoco estén pagando este impuesto, así como "actividades industriales" que también gocen de un privilegio reservado sólo a los payeses.
Sainz de Baranda indicó que "las explotaciones agrícolas están exentas del pago del canon, pero deben acreditarlo. Tienen que estar inscritas en el censo de la conselleria de Agricultura o acreditar dicha condición". El director de Tributos aseguró que "no hay persecución sino que se han enviado 120 cartas a personas que no habían pedido la exención".
Desde la conselleria de Agricultura coinciden con Hacienda y señalan que "estamos modificando los registros de explotaciones agrícolas, que datan de 1992, y hacia finales de año estarán al día". Justifican el envío de cartas a los payeses por la falta de actualización de los mismos.
Asaja calificada "desacertado" el envío de cartas, porque ha creado temor entre los agricultores sobre la posibilidad de que les apliquen el pago del canon. Asaja asegura que sus asociados no están en condiciones de hacer frente al pago del impuesto, ya que que les costaría unos 5.000 euros a cada uno, cifra "totalmente inasumible" por los agricultores.
