El ministerio del Interior ha rebajado las multas a los manifestantes sancionados por ocupar la entrada al ayuntamiento de Costitx, el 13 de octubre de 2003, e impedir la salida de la alcaldesa, Maria Antònia Munar, cuando se debatía una moción en contra de la autovía Inca-Manacor. Tras tener en cuenta el recurso de alzada interpuesto por los 13 sancionados y los informes presentados por el actual delegado del Gobierno, Ramon Socías, se ha resuelto que las multas pasen de 3.100 euros por persona a 300 euros.

Desde el GOB, entidad que asumió la defensa de los 'antiautovía', se ha recibido la noticia con "decepción", además de que se subraya que ayer todavía no habían recibido ninguna notificación al respecto. "No compartimos en absoluto la resolución de Interior", afirmó Miquel Àngel March. En su opinión, "había motivos más que suficientes para anular las sanciones", por irregularidades en el procedimiento y la existencia de jurisprudencia que lo avalaba. March puntualiza que no se interrumpió un acto público, en referencia al pleno de municipal, además de que la policía no identificó a ningún manifestante. El GOB estudia si, una vez agotada la vía administrativa, apelará a los tribunales contencioso-administrativos.

'Rebajas políticas'

Por su parte, el portavoz del PP, Miquel Ramis, y delegado del Gobierno cuando se produjeron los hechos, manifestó que la reducción de las multas le "suena a rebajas de julio políticas". Ramis alega que la sanción correspondía a los informes presentados por el instructor, "sin contenido político" e insiste en que el expediente que se cursó era "impecable" y que ahora "se ha bajado el nivel a costa del estado de Derecho".

Mientras, el delegado Ramon Socías mostró, a través de un portavoz, su satisfacción en cuanto a que se ha hecho lo posible para reducir la sanción, que ha pasado de grave a leve, por desobedecer a los agentes que les instaron a desalojar el Ayuntamiento, aunque no se admiten vicios de procedimiento en el expediente.