• Que la población vacunada en Balears con las dos dosis no supere el 2% cuando se cumplen casi dos meses de la muy publicitada primera inyección.
  • El escaso margen de actuación que tiene la Oficina Anticorrupción, sin las competencias y el presupuesto necesario para ser verdaderamente eficaz.
  • La contención del Obispado de Mallorca a la hora de inmatricular propiedades entre 1998 y 2015, al menos en comparación con la voracidad mostrada en otras diócesis.