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Diario de Mallorca

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Un año del asalto al Capitolio

725 imputados y un retrato complejo de la turba

La mayoría de los asaltantes del Capitolio enfrenta cargos menores y no tiene afiliaciones conocidas a grupos extremistas

Aaron Mostofsky, hijo de Shlomo Mostofsky, juez del Tribunal Supremo del condado de Kings (Brooklyn) vistiendo pieles, un chaleco antibalas de la Policía y portando un escudo de los antidisturbios durante su participación en el asalto al Capitolio en Washington.

El asalto al Capitolio puso en marcha una de las mayores y más complejas investigaciones de la historia del Departamento de Justicia de EEUU. De momento, ha llevado al arresto e imputación de 725 personas, incluyendo 325 que enfrentan cargos por los delitos más serios como las agresiones a policías. En la turba había integrantes de grupos extremistas, de nacionalistas de extrema derecha como los Proud Boys a miembros de milicias antigubernamentales como Oath Keepers o Three Percenters. Pero de los documentos judiciales y los procesos hasta ahora sale también un retrato de la masa humana que muestra la complejidad de lo que sucedió hace un año y la radicalización de una parte de la sociedad alentada por las mentiras propagadas por Donald Trump y por las teorías conspiratorias.

Cerca de 600 de los imputados, según un análisis que realizó ‘The Washington Post’, no tienen ninguna afiliación conocida a organizaciones extremistas y tampoco antecedentes penales serios, salvo al menos una docena con acusaciones o condenas por violencia de género. Entrarían en lo que se suele denominar “ciudadanos corrientes”: propietarios de pequeños negocios, albañiles, artistas, camioneros, líderes comunitarios, abuelas, estudiantes... Y el 6 de enero participaron en una acción que obligó a posponer hasta el día 7 la certificación de la victoria legítima de Joe Biden.

Entre esos ciudadanos estaba, por ejemplo, un entrenador de CrossFit de 50 años que habló de disparar a Nancy Pelosi en la cabeza, o un instructor de yoga que fundó un grupo para protestar los confinamientos ante el coronavirus y que, convencido de que las elecciones habían sido “robadas”, dijo que la “ejecución es el castigo justo” para los líderes de “ese golpe”.

Cargos menores y condenas ejemplares

Muchos de esos imputados enfrentan cargos por faltas y para ellos los fiscales no han estado buscando las penas más duras, aunque el Departamento de Justicia sí ha argumentado en vistas de sentencias que “las acciones de cada uno de ellos, de las más mundanas a las más violentas, contribuyeron directa e indirectamente a la violencia y destrucción de ese día”.

Algunos de los jueces, no obstante, han mostrado una determinación de dictar sentencias ejemplares o han recordado a los encausados el coste de sus acciones. “Tiene que haber consecuencias por participar en un intento violento de derrocar al Gobierno más que quedarse sentado en casa”, dijo la magistrada federal Tanya Chutkan al condenar a 45 días de cárcel a un imputado para quien la fiscalía pedía solo tres meses arresto domiciliario. “Los que orquestaron el 6 de enero no han sido hechos responsables de forma significativa. En un sentido, creo que usted es un peón”, le dijo el juez Amit Mehta a un condenado que creía en teorías de la conspiración.

Cinco años de cárcel, la sentencia máxima

Hasta el 1 de enero, 165 de los encausados han aceptado declararse culpables, ha habido 71 condenados, ocho de ellos por delitos, y 30 han recibido sentencias mínimas de prisión (con una media de 45 días). Las penas más duras se las han llevado quienes cometieron los actos más violentos, como el hombre que atacó con un extintor a la policía y que deberá pasar cinco años de cárcel, la sentencia más larga impuesta hasta ahora.

Quedan por llegar, no obstante, los procesamientos a quienes han decidido litigar sus cargos, empezando el 24 de febrero con el del miembro de una milicia que atacó con un espray químico a la policía. Y esos juicios prometen estar mucho más politizados.

Un cargo disputado

En 270 de los casos las imputaciones han evitado cargos de peso político y difíciles de probar como sedición o insurrección. Se han planteado, en su lugar, por obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso. Para ello se ha acudido a una provisión de una ley de 2002, la Sarbanes-Oxley, que se aprobó tras el fraude y el colapso de Enron y que puede conllevar en caso de condena una sentencia de hasta 20 años de cárcel. Las defensas de algunos imputados disputan ese cargo asegurando que esa ley se diseñó para investigaciones en marcha y que la certificación de la victoria de Biden era “ceremonial”.

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