Reino Unido anunció ayer que indemnizará a 16 ex presos sospechosos de terrorismo que demandaron al Gobierno británico por su supuesta complicidad en las torturas que sufrieron en Guantánamo y otros centros de detención al haber alcanzado un acuerdo extrajudicial con los abogados de los denunciantes.

Así lo señaló el ministro británico de Justicia, Kenneth Clarke, en una intervención ante la Cámara de los Comunes, en la que aclaró que ese acuerdo no implica "admisión de culpabilidad" por parte del Ejecutivo pero que, en cambio, "ayudará a allanar el camino hacia el comienzo de una investigación".

Algunos de los querellantes, todos ellos ciudadanos o residentes en este país, permanecieron retenidos en el centro de detención de la base naval estadounidense de Guantánamo.

Seis de ellos acusaron a las fuerzas de seguridad británicas de complicidad en las torturas a las que fueron sometidos en los interrogatorios sufridos antes de llegar a Guantánamo.

La alternativa a al pago de compensaciones que realizará el Ejecutivo británico a los 16 ex reclusos podría haber "comprometido la seguridad nacional" y habría resultado, según explicó el titular de Justicia, en un proceso "largo y extremadamente caro", con un coste estimado entre 35 y 58 millones de euros.

"Hemos pagado ese dinero para poder avanzar", subrayó Clarke. El primer ministro británico, David Cameron, ""ha aclarado repetidamente que su Gobierno de coalición de conservadores y liberal demócratas continúa inquebrantable en su oposición a la tortura o a la vejación de prisioneros o detenidos", según apuntó el titular de Justicia.