Sean Hoey, el único acusado del asesinato de 29 personas, dos de ellas españolas, por el atentado de Omagh (1998) fue absuelto ayer, lo que deja sin castigo penal el atentado más sangriento del conflicto de Irlanda del Norte.

La última oportunidad que les queda ahora a las familias de las víctimas, unidas en torno al llamado Grupo de Acción Civil, es la multimillonaria demanda que han presentado contra cinco personas supuestamente implicadas en el atentado.

Pese a que los sospechosos de la masacre no podrán ser condenados por asesinato, pues la demanda es de carácter civil, las familias buscan una resarcimiento moral con la indemnización de unos 20 millones de euros que exigen, casi la misma cantidad gastada por la Policía norirlandesa en sus investigaciones sobre el atentado.

"Ha sido un desastre"

A este respecto, Michael Gallagher, cuyo hijo Aidan falleció en la explosión, afirmó ayer que todo el proceso ha sido un "desastre" para las familias y se preguntó "por qué se ha permitido" a la Fiscalía presentar una acusación contra Hoey plagada de irregularidades.

Esa ha sido la opinión del juez instructor, Reginald Weir, quien criticó duramente en su sentencia la validez de las pruebas producidas por las investigaciones del Royal Ulster Constabulary.

El supuesto miembro del IRA Auténtico, escisión del IRA, responsable de la matanza, también fue absuelto de los otros 27 cargos que pesaban sobre él.

La Fiscalía había fundamentado sus argumentos en un amplio estudio de las pruebas forenses, como sofisticados análisis de ADN.

La acusación explicó que los análisis de todos los artefactos explosivos -excepto dos- relacionados con los cargos contra Hoey demostraban que fueron elaborados con la misma marca de temporizadores y por la misma persona. La defensa logró crear dudas después de que los expertos reconociesen que se habían perdido algunos de esos temporizadores y que otro recuperado en la escena del atentado podría haber sido contaminado.