Esta mañana otro juez, también retiró los cargos en contra del canadiense Omar Khadr, preso en la base estadounidense en Guantánamo, porque consideró que el caso está fuera de la jurisdicción de los tribunales militares, lo que supone un duro revés para la política de Washington contra el terrorismo.

El segundo juez también realizó la misma consideración e indicó que no tenía jurisdicción para juzgar al preso.

Esta es la segunda gran victoria judicial para Hamdan.

El 29 de junio del 2006 el Tribunal Supremo infligió el mayor revés judicial al Gobierno de Estados Unidos desde el comienzo de la guerra contra el terrorismo al declarar ilegales las cortes militares especiales creadas para juzgar a los presos en la base naval de Guantánamo por un recurso presentado por Hamdan.

Khadr, que tenía 15 años cuando lo capturaron las fuerzas estadounidenses en Afganistán, estaba acusado de violación de las leyes de guerra, apoyo al terrorismo y conspiración.

En sus razonamientos, el juez, el teniente coronel Peter Brownback, indicó hoy que el caso se encuentra fuera de la jurisdicción de los tribunales militares.

Recientemente, Khadr, de 20 años, y Salim Ahmed Hamdan, de 36, impugnaron la legalidad de las comisiones militares para juzgarles.

Khadr estaba clasificado desde el 2004 como un enemigo combatiente por un panel militar en la base de Guantánamo.

El año pasado el presidente estadounidense, George W. Bush, promulgó la Ley de Tratamiento de Detenidos por la que sólo los "combatientes enemigos ilegales" pueden ser juzgados por tribunales en Guantánamo.

Para el juez, Khadr no cumple esa definición, por lo que "los cargos han sido retirados sin perjuicio alguno", indicó Brownback.

La ley estipula que los prisioneros definidos por el Ejecutivo como "combatientes enemigos" no tienen derecho de hábeas corpus, es decir, que no pueden cuestionar su detención ante los tribunales civiles.

Sin embargo, el juez apuntó que el preso podrá volver a ser juzgado en caso de que fuera clasificado formalmente como "combatiente enemigo ilegal" por un tribunal.

Las decisiones de hoy significan una derrota para la administración de Bush, que niega que los detenidos en Guantánamo sean prisioneros de guerra e insiste en someterlos a tribunales militares especiales.

Bush siempre ha defendido que dicha medida fortalece la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, además de considerarla una pieza "vital" en la guerra global contra el terror.

E abogado jefe de la defensa en Guantánamo, el coronel de marina Dwight Sullivan, subrayó hoy que el fallo sobre Khadr puede suponer el comienzo del fin del sistema de tribunales de crímenes de guerra.

Tras indicar que Khadr permanecerá en Guantánamo, aseguró que la sentencia tiene un impacto "inmenso", ya que ninguno de los 380 detenidos en la base, en el sureste de Cuba, ha sido declarado un "combatiente enemigo ilegal".

"Esto no es simplemente un tecnicismo, es la última demostración de que el nuevo sistema simplemente no funciona", subrayó Sullivan, quien agregó que se trata de un sistema judicial "que no encaja con los valores estadounidenses".

A su vez, explicó que para clasificar de nuevo la denominación de Khadr y otros detenidos como "combatientes enemigos ilegales" el sistema actual debería ser revocado, y ello "consumiría mucho tiempo".

Sullivan ya anticipó hoy que Hamdan seguiría los mismos pasos que Khadr.

En el pasado varios grupos de derechos humanos denunciaron que Khadr fue maltratado en el campo de detención de Guantánamo.

"El tratamiento de Khadr en los últimos cinco años ejemplifica la indiferencia de Estados Unidos por la legislación internacional en la ´guerra contra el terrorismo´", afirmó en marzo Amnistía Internacional (AI) en un comunicado.

"A menos que las autoridades le procesen en un tribunal civil, teniendo en cuenta su edad en el momento de la comisión de los supuestos delitos, deberían devolverlo a Canadá", añadió.

AI reiteró entonces su petición al gobierno estadounidense para que ponga fin a los juicios en cortes militares especiales y formule los cargos contra los detenidos en Guantánamo ante tribunales civiles.