La retirada de la candidatura de Harriet Miers para el Tribunal Supremo de EEUU representa un nuevo revés para el presidente George W. Bush, pero también una nueva oportunidad para que la Casa Blanca elija a alguien menos polémico.

En un comunicado, Bush indicó ayer que había aceptado de manera "renuente" la petición de Miers de retirar su candidatura, acribillada por críticas tanto de los demócratas como de los sectores republicanos más conservadores.

La vacante en el Supremo quedará ahora cubierta "en su debido momento", prometió el presidente.

El anuncio de la retirada de Miers se produce en un momento particularmente complicado para Bush y la Casa Blanca, que teme que hoy puedan presentarse cargos contra asesores presidenciales en el caso por la filtración del nombre de una agente de la CIA.

Según el portavoz presidencial, Scott McClellan, Bush se encuentra "muy decepcionado" por el modo en que se ha desarrollado el proceso en torno a la selección de Miers, quien mantendrá su puesto como consejera legal de la Casa Blanca.

La abogada de 60 años entregó ayer personalmente una carta al presidente en la que retiraba su candidatura y en la que citaba como principal razón la necesidad de mantener la confidencialidad de los documentos internos de la Casa Blanca.

El Comité Judicial del Senado es el encargado de confirmar a los candidatos al Supremo. En este caso, dado que Miers no ha sido nunca juez, los senadores habían pedido que se dieran a conocer una serie de documentos sobre las recomendaciones hechas a Bush por la abogada como medio de determinar sus opiniones legales.

La Casa Blanca se negaba, con el argumento de que sentaría un precedente que pondría en peligro que los funcionarios asesoraran con franqueza al presidente.

Según McClellan, Miers "reconoció que el proceso se encaminaba a un callejón sin salida".

En su carta de renuncia, Miers afirma que el proceso de confirmación se perfilaba "como una carga para la Casa Blanca y nuestro personal, que no es lo que más le conviene al país". La candidatura de la consejera legal de Bush sufrió durísimas críticas desde su anuncio el pasado 3 de octubre.