Emergencia habitacional
Pollença abre la puerta a declararse como zona tensionada para regular el alquiler
El equipo de gobierno PSOE-Més aprueba una propuesta para iniciar un estudio que determine si el municipio reúne las condiciones para aplicar esta medida prevista por la ley

Vista general del pueblo de Pollença desde el camino del Puig de Maria. / DM

El Ayuntamiento de Pollença podría convertirse en el primer municipio de las islas en declararse como zona de mercado residencial tensionada para regular el precio de los alquileres. El pleno celebrado este pasado jueves aprobó la propuesta del equipo de gobierno PSOE-Més que abre la puerta a esta posibilidad prevista por la ley por el Derecho a la Vivienda con el objetivo de limitar el coste del alquiler. Concretamente, la propuesta municipal permite iniciar un diagnóstico para “evaluar” si el municipio ‘pollencí’ “cumple las condiciones” para ser declarado como zona tensionada, entre otras actuaciones vinculadas a la posible declaración como la activación de un “calendario” para desarrollar las iniciativas contempladas en este procedimiento.
El gobierno municipal cree que existen condicionantes en el mercado residencial de la comunidad autónoma que motivarían esta declaración, teniendo en cuenta que actualmente el coste del alquiler “es un 30% más caro que hace dos años” y que por una vivienda de 80 metros cuadrados se piden unos 1.500 euros.
La medida no ha convencido a la oposición. Blanca Aguilar, en nombre de UMP, justificó su abstención en las “dudas” que genera esta declaración, ya que en las comunidades donde se ha aplicado, como Catalunya, “ha tenido efectos negativos como la reducción de la oferta de alquileres de larga duración y el aumento del alquiler de temporada”, además de que la medida “no baja el precio de los alquileres, solo limita los incrementos”.
Por su parte, Josep Marquet, portavoz de Tots-El Pi, coalición que votó en contra de la moción, compartió estos supuestos efectos negativos de la declaración y reclamó al gobierno municipal que dejase el punto sobre la mesa. A su entender, esta iniciativa conlleva “inseguridad jurídica” y añadió que algunos expertos han alertado de que la intervención del mercado implica una reducción de la oferta y no provoca que bajen los precios de alquiler. También se refirió al “deterioro de los inmuebles” que iría emparejado a una limitación de los precios y criticó que la medida beneficia a la gente con más ingresos porque estos tendrían más opciones de quedarse con los alquileres regulados.
Por su parte, Joana Aina Campomar, portavoz de Més, afirmó que en algunos países europeos esta medida “ha funcionado”. “El hecho de que impida que los precios suban más ya es una gran ventaja”, consideró. Campomar lamentó que esta iniciativa no afecte al alquiler de temporada, una práctica muy extendida en Pollença, por lo que señaló que “tal vez se podría plantear que este mercado también se viese afectado”.
El alcalde Martí March (PSOE), señaló que se trata de un tema “muy complejo” pero indicó que “sin poner un límite, los precios no dejan de subir”. También recordó a la oposición que, de momento, el Ayuntamiento solo “quiere hacer un estudio” sobre si cumple las condiciones para ser declarado como zona tensionada. “A partir de aquí, ya adoptaremos medidas”, añadió el regidor socialista. March lamentó que el Govern no quiera aplicar esta medida en Balears, por lo que Pollença “no tiene la libertad” de aplicarla si así lo decide, cuando “los precios del alquiler suben cada día más y la gente de Pollença tiene que ir a otras partes a vivir, por lo que el municipio irá envejeciendo”.
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