La OCB quiere garantizar por ley el uso de las lenguas cooficiales en la justicia, la administración o las empresas

La Obra Cultural Balear (OCB) ha planteado una batería de enmiendas a la proposición de ley orgánica de garantía del plurilingüísmo y de los derechos lingüísticos, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, para blindar el uso de las lenguas cooficiales en la justicia, la administración o las empresas.

La entidad ha hecho llegar a los diputados de Baleares en la cámara baja un documento con todas estas propuestas que, a su parecer, "contribuyen a mejorar el texto y a reforzar los derechos lingüísticos" de los ciudadanos del archipiélago.

La proposición de ley, ha recordado la OCB en un comunicado, plantea modificaciones a una quincena de normas estatales de diferentes ámbitos, como la justicia, los procedimientos administrativos, la contratación pública o las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El objetivo del texto, que fue tomado en consideración por el pleno el pasado mes de diciembre, es "adaptar el funcionamiento de las instituciones a la realidad plurilingüe del Estado".

Entre las propuestas de enmiendas que ha puesto sobre la mesa la organización hay algunas de carácter general, como la mención a la ley valenciana de uso y enseñanza y a la ley balear de normalización lingüística en la exposición de motivos o la introducción de un artículo introductorio que exponga que las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas tienen "plena validez y eficacia" y que los ciudadanos pueden elegir "libremente y con seguridad" el idioma en el que se dirigen a las instituciones estatales.

Otras son más concretas y, por ejemplo, plantean modificar la ley orgánica del Poder Judicial o la ley de enjuiciamiento criminal para tratar de blindar el uso de las lenguas cooficiales en la administración de justicia.

Por ejemplo, expone que en los órganos judiciales de las regiones con una lengua propia las actuaciones orales y escritas podrán ser dictadas en dicho idioma. También que los funcionarios, las partes personadas en un procedimiento, los testigos y los peritos pueden emplear la lengua oficial propia de la comunidad autónoma.

La OCB plantea que cuando el uso oral o escrito de la misma pueda afectar al derecho de defensa de cualquiera de las partes, el juez deberá adoptar las medidas necesarias para evitar dicha indefensión y, a la vez, garantizar el derecho de opción lingüística. Asimismo, que para formar parte de un jurado popular sea requisito tener un conocimiento suficiente de la lengua propia de cada región.

Otras enmiendas hacen referencia la garantía de poder tramitar los procedimientos ante la administración general del Estado en las lenguas cooficiales, a que los empleados públicos seleccionados deban conocer las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma en la que trabajen o a que las empresas deben adoptar medidas para que sus clientes puedan ejercer "sin trabas" su derecho de opción lingüística.

Respecto a esta última, el documento remitido por la entidad habla de que su una empresa tiene una plantilla de más de diez trabajadores al menos uno debe estar capacitado para atender a los consumidores en la lengua oficial que estos elijan.