La Autoridad Portuaria de Baleares analiza cómo evitar que el fallo del TSJB altere la situación de los 64 policías afectados

Tras la sentencia del TSJB que anula las bases del proceso de estabilización de 64 policías portuarios por vulnerar el principio de igualdad, calificando incluso uno de puntos impugnados por el sindicato CSIF de "discriminación intolerable", la Autoridad Portuaria de Baleares reunió ayer a los representantes sindicales para explicarles sus próximos movimientos.

Su objetivo es no alterar la situación actual de unos trabajadores ya consolidados como empleados públicos e incluso, en algunos casos, promocionados a puestos superiores, ha podido saber este diario.

En este sentido, los representantes de los trabajadores han sabido que la entidad portuaria ha encargado a la Abogacía General del Estado y al bufete de abogados Andersen que estudien el fallo judicial para decidir si recurrir en casación al Tribunal Supremo el fallo del Tribunal Superior que adelantó este diario en su edición del martes o, en su defecto, solicitar una aclaración de sentencia. En este encargo, la Autoridad Portuaria incluye también la búsqueda de jurisprudencia de anulación de procedimientos a la que poder acogerse.

El compromiso de la dirección con los trabajadores es tener una recomendación de actuación, o varias, en el plazo de una semana y que pueda escoger la mejor opción y la menos lesiva para la actual plantilla de policías portuarios, ha podido saber este diario.

Del mismo modo, sabiendo que la Autoridad Portuaria cuenta con un plazo de 30 días para presentar un recurso al Tribunal Supremo, los representantes de los trabajadores han solicitado a la dirección que busque una respuesta adecuada que tranquilice a los trabajadores afectados por la sentencia.

Por su parte, fuentes de la Autoridad Portuaria han comunicado a este diario que en este momento están "analizando la sentencia con detenimiento y estudiando las posibles actuaciones a llevar a cabo", señalando que su voluntad "es gestionar esta situación de la mejor manera posible, siempre con la máxima seguridad jurídica y teniendo presente al personal afectado".

Según fuentes jurídicas sindicales, la opción en el caso de que se ejecute la sentencia del TSJB sería volver a sacar un concurso de méritos, modificando las bases según el fallo del 4 de mayo. Es decir, igualando la puntuación de la experiencia obtenida en autoridades portuarias de la península a la obtenida en autoridades portuarias insulares, así como publicar, con las nuevas bases, un catálogo de las limitaciones físicas y psíquicas excluyentes para obtener una plaza de policía portuario.

Las mismas fuentes reconocen que las promociones posteriores a jefes de equipo y jefes de servicio decaerían, pero se podrían volver a convocar. Y, al mismo tiempo, afirman que si hubiera que ejecutar la sentencia, todos los estabilizados podrían seguir trabajando, pero pasarían de fijos a indefinidos por fraude de ley. Y que el tiempo trabajado desde el concurso de méritos no se podría tener en cuenta en la nueva valoración de méritos, estiman las fuentes.

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