Las claves de la ley que limitará la entrada de coches de alquiler y de particulares a Mallorca
Siete de cada diez vehículos que ingresaron en la isla para quedarse desde 2020 son propiedad de flotas externas o de no residentes

La ley de regulación de afluencia de vehículos a Mallorca prevé sanciones de hasta 30.000 euros. / Ana Belén Muñoz Martín

La Ley de regulación de afluencia de vehículos, cuyo borrador acaba de presentar el Consell de Mallorca a los grupos políticos, arranca en su exposición de motivos destacando la presión "creciente" sobre las infraestructuras viarias y el entorno natural de la isla, "especialmente durante los meses de mayor afluencia turística". Hace referencia "al cambio" en esta actividad que ha pasado de estar concentrada en determinadas zonas de Mallorca a "un modelo distribuido en todo el territorio" y cada vez "más exigente" en movilidad, con lo cual "se han intensificado los problemas" de saturación. La regulación de entrada de coches durante determinados periodos del año (se presupone que los meses de verano) es "la única medida posible" para evitar la sobrecarga de las infraestructuras y de los espacios públicos, situaciones que atentan contra la calidad de vida de los residentes y "afecta negativamente la experiencia de los visitantes".
En 2024, según el Ibestat, se rozaron los 13,4 millones de turistas en una isla con 989.000 habitantes "que padece desde hace años la sobreocupación turística y del parque móvil". Siete de cada diez vehículos que han entrado y se han quedado en Mallorca desde 2020 (el 71 %) "no se han incorporado al parque vehicular", son "propiedad de flotas externas o de no residentes", se subraya en el texto legal. Así, los coches ligados al turismo ya sean de rent a car o de particulares "contribuyen de manera notable a la congestión" por su elevado número y diversidad de desplazamientos.
Quedan muchos puntos por definir en la reglamentación que acompañará a esta proposición ley del PP que pretende poner límites al turismo atajando la congestion vehicular, y que necesita del apoyo del resto de grupos políticos para salir adelante, pero aquí van los puntos claves que recoge la norma. El Consell aprobará en un plazo de dos años desde su entrada en vigor el reglamento para su desarrollo.
- Techo de vehículos: el pleno del Consell cada uno o dos años establecerá un tope de coches autorizados para entrar y permanecer en la isla. Se dará preferencia a los vehículos eléctricos o no contaminantes y se tendrá en cuenta su antigüedad a la hora de otorgar la acreditación que permita el ingreso en Mallorca.
- Limitación de entrada de vehículos: regirá durante el periodo del año que se determine el pleno del Consell para "ordenar los flujos turísticos". Quedan exentos, además de los vehículos oficiales y de servicio público, los coches con domicilio fiscal en la isla de los residentes y los de Ibiza, Menorca y Formentera que se desplacen por motivos laborales. A los no residentes propietarios de una vivienda se les permite un solo vehículo por propiedad (este novedad trae a maltraer a la comunidad alemana con casa en Mallorca).
- Colaboración de los ayuntamientos: ayudarán en la identificación de los coches que "se consideren residentes" y tramitarán cada año la relación de matrículas de vehículos al Consell. También se prevé colaborar con la Dirección General de Tráfico.
- Pago de tasa: A los tres meses de entrada en vigor de la futura ley el Consell iniciará la tramitación de la ordenanza fiscal que regulará la tasa a pagar para obtener la autorización de entrada a Mallorca (en Ibiza los particulares pagan un euro diario).
- Obligaciones de las navieras: deberán informar a sus clientes del régimen de restricción de acceso de vehículos y de las consecuencias de su incumplimiento. En el proceso de embarque tendrán que verificar que disponen de la acreditación para entrar a la isla. Utilizarán una plataforma informática para informar al Consell de las matrículas de los coches que embarquen y desembarquen.
- Se establecerá un número máximo de coches de alquiler: será el pleno del Consell, "oídas las empresas del sector", el que fijará el límite de vehículos de rent a car que pueden entrar cada año en la isla para su comercialización y el número máximo que podrán circular en el periodo de restricción. Como en Ibiza, se adjudicarán cuotas a las empresas y si hay excedentes se redistribuirán entre estas. Además, se las obligará a informar cada día de todos los vehículos que entren o salgan de la isla y de comunicar las nuevas matriculaciones. Mientras que no haya una plataforma informática para tal fin tendrán que hacerlo de forma documental.
- Infracciones: Se podrán inmovilizar los coches sin autorización de entrada hasta cuatro meses, retirar la autorización para circular o no permitir obtener un permiso durante dos años. En cuanto a las infracciones se podrán considerar leves, graves o muy graves. Una infracción es leve, entre otros supuestos, cuando un coche circule por Mallorca sin la autorización de entrada. Circular sin disponer de ella, falsear la acreditación o comercializar coches de alquiler saltándose la ley es una infracción grave. Y se considerará infracción muy grave, por ejemplo, que las empresas de alquiler no informen de las matrículas de todos los coches que entran en la isla. Por infracciones leves se podrán imponer sanciones que irán de los 300 a los 1.000 euros. Las sanciones graves irán de los 1.001 euros a los 10.000 y las muy graves podrán llegar a los 30.000 euros.
- Acceso restringido a espacios: el pleno del Consell puede acordar restringir la entrada y aparcamiento en espacios públicos y vías, de acuerdo a criterios ambientales, de seguridad y de sobrecarga y de ordenación de flujos turísticos.
- Red de aparcamientos: enlazarán con el transporte público en las estaciones de metro, del tren y en las principales paradas de autobús interurbano o urbano.
- Grandes centros "generadores de movilidad" y centros de trabajo: tendrán que prever medidas de movilidad sostenible para el personal y sus clientes. A partir de 200 trabajadores o más de 2.000 asistentes diarios y en los polígonos industriales deberán elaborar planes de transporte para reducir el uso del automóvil privado.
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