Transparencia Internacional censura el desmantelamiento de la Oficina Anticorrupción de Baleares

La puntuación de España (56/100) en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado este martes por Transparencia Internacional cae cuatro puntos con respecto al año anterior. España desciende así diez posiciones en el ranking mundial, una caída que se debe a varias causas, entre ellas un importante desmantelamiento de ciertas estructuras anticorrupción a nivel autonómico, advierte la ONG citando expresamente la eliminación de la Oficina Anticorrupción de Baleares. Así las cosas, solo cuatro comunidades autónomas y dos ciudades cuentan con agencias antifraude operativas, y apenas 11 comunidades han establecido consejos de transparencia.

Con esta clasificación, España se sitúa en la posición 46/180 del ranking global del IPC, junto con Chipre, República Checa y Granada en el mismo puesto, una posición por encima de Fiji (puntuación 55/180), dos puestos por encima de Omán (puntuación 55/180), y dos puestos por debajo de Portugal (puntuación 57/180) que este año también desciende cuatro puntos. España desciende así diez posiciones en el ranking mundial con respecto a 2023.

España también desciende del puesto número 14/27 al 16/27 de los Estados Miembros de la Unión Europea. Ha sido superada por Letonia (59/100) y Eslovenia (60/100) y comparte puntuación con Chipre (56/100) y República Checa (56/100).

Estancamiento político

Aunque no se ha observado un retroceso significativo en la legislación anticorrupción, las políticas anticorrupción no han tenido un progreso sustancial, advierte la organización. Así apunta a varias causas y a una combinación de factores que reflejan, por un lado, un estancamiento de las políticas y reformas anticorrupción en el ámbito nacional y, por otro, un importante desmantelamiento de ciertas estructuras anticorrupción a nivel autonómico, con una clara referencia a la clausura de la Oficina Anticorrupción de Baleares por parte del Partido Popular, de manera que el archipiélago se convirtió en la primera comunidad autónoma que decidió clausurar un organismo de control de estas características. 

La oenegé también advierte de que el cumplimiento de obligaciones de publicidad activa por parte de los partidos políticos es alarmantemente bajo, con un Índice de Cumplimiento de Información Obligatoria (ICIO) que no supera el 55 %. Paralelamente, la eliminación de agencias antifraude autonómicas, como en Baleares con el desmantelamiento de la Oficina Anticorrupción de Baleares, y el debilitamiento de otras, como la AVAF (Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comundad Valenciana), han generado una aplicación desigual de políticas anticorrupción en el territorio nacional.

Solo cuatro comunidades autónomas y dos ciudades cuentan con agencias antifraude operativas, y apenas 11 comunidades han establecido consejos de transparencia. Uno de los factores que ha incidido en el mencionado estancamiento legislativo es el retraso en la transposición de directivas europeas: 87 directivas siguen pendientes de transposición, 30 de ellas ya se encuentran fuera de plazo, lo que demuestra una demora en la adaptación del marco normativo.

Además, España continúa sin tener una estrategia nacional anticorrupción, prevista finalmente en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción pero pendiente de desarrollo; sumado a la falta de reforma de la normativa de conflictos de interés y la adopción de una regulación de grupos de interés y un registro central de lobbies.

Otro aspecto preocupante para Transparencia Internacional es la tardía adopción de la Ley 2/2023 y el retraso en su cumplimiento e implementación. El Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. crea esta autoridad, pero la AIPI aún no se ha puesto en marcha y no existe un canal externo al que puedan acudir potenciales informantes. Precisamente, en el Consell de Mallorca ha sido por esta ley, Ley 2/2023 por el que se está investigando la denuncia de funcionarios contra el conseller de Turismo, Marcial Rodríguez, que se ha canalizado a través del Sistema interno de información puesto en marcha para proteger a los denunciantes.

La oenegé critica que "asistimos a una importante demora del sistema judicial en el enjuiciamiento de macrocausas de corrupción, carente de recursos adecuados, un problema agravado por el largo bloqueo que afectó estos años a la renovación del CGPJ y cuyas consecuencias se traduce en la imposibilidad de cubrir las plazas vacantes, al propio funcionamiento del Tribunal Supremo y, en suma, debilitado el sistema judicial en su conjunto".