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Un juez evita el desahucio de una familia en situación vulnerable de Palma

Argumenta que Promontoria Coliseum no comunicó a tiempo su voluntad de no prorrogar el contrato de alquiler

Activistas de la PAH apoyaron a la familia en los juzgados. B. Ramon

Victoria judicial para una de las nueve familias amenazadas de desahucio por un fondo de inversión de un edificio del barrio del Rafal. El juzgado de primera instancia número 7 de Palma ha desestimado la demanda interpuesta por Promontoria Coliseum Real Estate, que consideraba que el contrato de alquiler social que pagaba la familia había vencido y solicitaba su desalojo. 

El magistrado entiende que el fondo de inversión, propietario de todo el inmueble, no comunicó a la familia, defendida por la abogada Gloria Olmos, su voluntad de no prorrogar el contrato a tiempo, por lo que tumba su pretensión de desahuciarla. Asimismo, condena al fondo a pagar las costas del proceso.

En todo caso, esta sentencia no es extensible al resto de familias, que en la mayoría de los casos o bien no contestaron a la demanda de desahucio, o bien no han podido acreditar estar al día de los pagos del alquiler social.

Asimismo, el fallo tampoco clarifica hasta cuándo puede quedarse la familia legalmente en la vivienda, por lo que se abre la puerta a un entendimiento con el fondo de inversión para acordar la duración de un nuevo contrato.

Estas familias, que han acreditado su condición de vulnerabilidad, residen en el edificio desde 2017, cuando acordaron con la anterior propiedad, el Banco Sabadell, un alquiler social de 150 euros gracias a la intermediación de la Oficina antidesahucios del Ayuntamiento de Palma. El acuerdo les vinculaba tres años, aunque se beneficiaron de una serie de moratorias decretadas por el Gobierno para proteger a familias vulnerables durante la pandemia. 

Promontoria Coliseum adquirió el edificio en 2020. Y el pasado diciembre envió a los inquilinos una demanda de desahucio al entender que había finalizado el contrato que les vinculaba. Previamente esta empresa les llegó a solicitar un alquiler de 850 euros que ninguna vivienda afrontó. 

La familia demandada ha ganado tiempo para seguir en el inmueble, aunque por ahora se desconoce cuánto. La defensa considera que podrían residir en el edificio al menos hasta 2024.

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