La deuda pública de nuestro país se sitúa en 1,095 billones de euros tras los tres primeros meses de 2016 y según publica el Banco de España. Una cifra que no resultaría llamativa de no ser porque este hecho implica haber superado el 100% del PIB, situación que no se producía en nuestro país desde hace más de un siglo, concretamente desde 1909.

El crecimiento ininterrumpido de la deuda tiene su origen en el inicio de la crisis, llegando a multiplicarse por tres en los últimos nueve años. España ha pasado de contar con una deuda pública de 383.798 millones en 2007 a los 1,095 billones actuales. Las políticas económicas tomadas por las administraciones no han sido suficientes, encontrándose el principal foco en las deudas autonómicas, situación que puede repercutir en los hogares españoles.

¿Cuáles son las repercusiones para nuestro bolsillo?

Si la deuda pública se mantiene por encima del PIB nacional implica una mayor dificultad devolver el dinero prestado por los acreedores, por lo que es necesario realizar medidas de austeridad y recorte que en muchas ocasiones afectan a crecimiento económico del país, más cuándo todavía la salida de una situación de recesión es incipiente. Esto es la pescadilla que se muerde la cola una y otra vez.

De momento, España se está 'salvando' por la coyuntura actual de tipos de interés bajo. Esto permite que el nuevo endeudamiento tenga un coste pequeño y con ello, que el incremento del nivel de déficit de las administraciones no suponga un lastre al crecimiento. Pero como esta situación es coyuntural -aunque dure 1 o 2 años más-, el crecimiento futuro pasa por tomar una serie de medidas que conlleven un ajuste fiscal considerable o al menos es lo que se pide desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea. Tras varios años sufriendo recortes y subiendo impuestos para reducir el déficit, parece que este aumento de la deuda pública trae consigo nuevas reformas que pueden afectar al incremento de gasto y bajada parcial de impuestos que hemos visto especialmente en este último ejercicio, y con ello a los bolsillos de los españoles.

Las recetas para solventar esta situación pueden clasificarse en bloques dependiendo de qué o quién se vea afectado:

-Administraciones públicas: Los ayuntamientos han sido los que más se han implicado en políticas de austeridad, seguidos por la administración estatal. Son las autonomías las que cuentan con un aumento de la deuda en los últimos años y que, a día de hoy parece imposible de reducirse.

Si no se consigue reducir estas deudas, las partidas presupuestarias se verán mermadas y los españoles tendrán que asumir nuevos recortes en casi todas sus materias. Aunque es lo último que se ajusta, no se descarta que puedan llegar a áreas como sanidad o educación. El problema principal es si se recortan inversiones más dedicadas al crecimiento, como estímulos a pymes o ayudas directas o indirectas al ciudadano -por ejemplo por deducciones en la Renta- Si ocurriera eso, y se redujera el crecimiento económico podríamos encontrarnos también con una disminución en los ingresos especialmente por los impuestos a empresas.

-Ciudadano: El ciudadano puede encontrarse con una situación que le recordará al verano del 2011. Es decir, por un lado recorte de gasto y por otro subidas impositivas. Tras la bajada del IRPF se antoja difícil que se toque este impuesto pero sí sería más probable algún 'retoque' en impuestos indirectos como el IVA en algunos productos y otros impuestos especiales (alcohol, tabaco o hidrocarburos). Al mismo tiempo, si el recorte es brusco y afecta al crecimiento económico a corto plazo, se vería comprometida la recuperación del empleo en mayor o menor medida.

-Empresas y pymes: El principal efecto lo sufrirían si se les recorta incentivos y suben impuestos. Con los tipos de interés en mínimos, la financiación de empresas es más económica y ayuda a financiar proyectos que crean empleo, pero no todo es tipos de interés, se necesita de la colaboración de las administraciones para afianzar este crecimiento.

De no ser así, el principal motor de la economía española se vería mermado ante una menor tasa de empleo, menos inversión estatal y un consumo que volvería a decaer o crecería en tasas inferiores.

Tendemos que esperar para saber cuáles son las medidas que se toman para reducir la proporción entre la deuda pública y el PIB y sus consecuencias en los hogares de los españoles. El problema principal está en el tiempo. Europa exige un cumplimiento rápido de los objetivos de déficit y no quiere dar más prórrogas que la de este año. Si se consigue ajustar en ciertos gastos y que entre más dinero por el crecimiento económico que estamos viviendo, el ajuste puede hacerse sin grandes efectos negativos. Si hay que meter la tijera radicalmente, los efectos sobre el crecimiento serán mayores. Esperemos que se cumpla lo primero y conseguir un ajuste paulatino al ritmo de la recuperación económica.