La cultura del «whistleblowing» o de las alertas internas contra delitos comienza a asentarse entre las grandes empresas del IBEX 35, que en un sólo año han visto cómo las denuncias que sus empleados, clientes o incluso, proveedores, presentan en sus canales han aumentado en un 10,6 %. «En España no se denuncia», advierte la responsable de cumplimiento del grupo Iberdrola, Dolores Herrera, durante una jornada organizada por el Colegio de Registradores de España, aunque conserva su «esperanza» en este nuevo año.
Según los datos manejados por Efe, extraídos de los últimos informes financieros anuales de las compañías, en 2019 los buzones de denuncia -generalmente bautizados como «canales éticos»- rondaron las 10.000 comunicaciones, unos números que, en opinión de los expertos, no bastan para prevenir el crimen. El 17 de diciembre expira el plazo para que los Estados miembros de la Unión Europea traspongan la directiva de protección del denunciante, que velará por quienes informen sobre presuntas infracciones tanto en el ámbito privado como en el público. La norma incorpora como elemento de prevención el canal de denuncias, obligatorio en todas las compañías con más de 50 trabajadores, en organismos públicos y en empresas financieras, del transporte y medioambientales con independencia de los empleados.
Deberá estar diseñado para garantizar la confidencialidad, se tendrá que acusar un recibo de la denuncia en siete días, y designar a una persona o departamento que siga el procedimiento, sobre el que se deberá dar una respuesta en no más de tres meses.
El exministro de Justicia Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de A Coruña, insiste en que más allá de limitarse a perseguir delitos penales, estos buzones «se han mostrado eficaces en el ámbito laboral, permiten conocer las fortalezas y debilidades entre socios, proveedores y clientes, y facilita el encuentro entre la dirección y los trabajadores».
Defensa del acusado
El director de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, admite aún así ciertos «aspectos problemáticos» en la directiva, y es que «está muy bien tener un sistema, pero también hay un legítimo interés, el derecho de defensa del acusado». La Comisión ha habilitado un grupo de trabajo para garantizar que los Estados se informan sobre sus respectivos avances; la «gran mayoría» ya ha comunicado que «todo está más o menos bajo control» para que los proyectos estén en abril.
En 2019, las empresas del IBEX 35 registraron 9.790 denuncias en sus canales, relacionadas principalmente con cuestiones laborales, de discriminación o acoso.
Ello se traduce en un 10,6 % más de alertas que en el ejercicio anterior (8.855), aunque no implica que todas acabaran en castigo ya que cada una depende de una investigación interna.
La implantación de estos canales entre las cotizadas comenzó hace más de una década -Endesa lo inauguró en 2005-, pero fue en plena crisis financiera cuando comenzó su auge.
La apuesta por un buen gobierno corporativo y el esfuerzo por recuperar la confianza de los inversores también contribuyó a su desarrollo, más notable cuando la reforma del Código Penal (2015) abrió la puerta a la imputación de las personas jurídicas.
¿Por qué se denuncia?
«En España hay sectores muy sensibilizados bien porque están más regulados o expuestos al riesgo, o forman parte de un grupo internacional y se adaptan a la normativa de la matriz», señala a Efe el asociado de Fieldfisher Jausas Jordi Roca que cita a farmacéuticas, banca y aseguradoras como ejemplos a la altura «de cualquier otro país europeo o de Estados Unidos».
Sin embargo, otros han incorporado los buzones «por obligación, no porque crean que sean útiles», lo que reduce su eficacia ya que «a veces no implantan el procedimiento de gestión de las denuncias» y hay problemas «cuando llega una». Pese a conocerse como «canales éticos», la fundadora de la plataforma Xnet, Simona Levi, avisa: «no deberíamos poner estas connotaciones porque el 80 % de las personas que alertan no lo hacen por el bien común. Quieren cumplir con su trabajo y, en ocasiones, se han visto obligadas a ser cómplices de un delito».
También están quienes «participaban en una trama y se vengan por ser expulsados, o los que se mueven por riñas con otros compañeros», extremo en el que incide Roca, que habla del peligro de «que se intente abusar» de este sistema.
Garantizar la confidencialidad del denunciante es fundamental para evitar posibles represalias, de ahí el debate sobre si los canales deberían ser o no anónimos.
Caamaño cree que su éxito pasa por el anonimato, algo en lo que coincide la responsable de cumplimiento del grupo Iberdrola, partidaria de que las denuncias anónimas se admitan pese a la dificultad de su rastreo.
Roca aclara: más que apostar por canales anónimos, se debería vigilar que, efectivamente, se «anonimiza» la identidad del denunciante y «se tacha su nombre para que no se le identifique».
Las denuncias anónimas cuentan en España con el respaldo del Tribunal Supremo, que el pasado febrero validó estos canales por su «alta eficacia» para detectar irregularidades. Un año después, los expertos confían en que se complete la trasposición de la directiva para reforzar el marco de garantías, una tarea a contrarreloj en la que «no podemos permitirnos retrasos», concluye Fonseca.
