Palma arrastra un importante déficit en infraestructruras de depuración de aguas residuales y de limpieza viaria. En el primer caso, tal como recogen las estadísticas de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) la falta de las adecuadas instalaciones de depuración y las deficientes redes de alcantarillado han provocado que, entre 2003 y 2014, se hayan producido nada más y nada menos que 802 vertidos de aguas sucias al mar, una media de uno cada cinco días.
La situación desde 2014 no ha variado sustancialmente, por cuanto aún no se han ejecutado las obras que, desde hace años, reclaman los técnicos de la empresa municipal y que deben ser sufragadas en su mayor parte por el Govern, a través del denominado canon de saneamiento, y por el Gobierno central, debido a la declaración en 1993 por parte del Estado del saneamiento de la bahía de palma como de "interés general".
En estas circunstancias, la proliferación de banderas rojas en las playas de la ciudad, en especial en las de Ciutat Jardí y Can Pere Antoni se debe a que desde el año pasado estos avisos que prohíben el baño se colocan cada vez que se produce un vertido, algo que, tal como denunció el alcalde, Antoni Noguera, no se llevaba a cabo con anterioridad.
La importancia de las inversiones para la mejora del saneamiento de la bahía se pone de manifiesto tras comprobar que, con una inversión de algo más de un millón de euros procedentes de los fondos de capitalidad para limpiar el denominado CAZ de la Platja de Palma, algo que no se había hecho nunca desde que a mediados de los años 90 se construyó este colector de agua pluvial, permitió que en la temporada pasada no se colocara ninguna vez la bandera roja en la Platja de Palma.
En el resto de la bahía, los vertidos se producen cada vez que llueve debido a la insuficiencia y obsolescencia de la depuradora del Coll den Rabassa. Para ello es preciso ejecutar una nueva depuradora, cuya financiación corre a cargo del Gobierno central, así como un nuevo emisario submarino asociado a esta infraestructura. Se trata de una inversión pendiente desde hace años y que puede suponer un coste de entre 70 y 100 millones. Emaya ya ha cedido los terrenos necesarios y el ministerio de Transición Ecológica ya ha encargado el proyecto básico.
Pero la nueva depuradora no es suficiente. La empresa municipal ha contabilizado entre 2001 y 2014 un déficit de las inversiones de saneamiento comprometidas por el Govern a través del canon de saneamiento de 101 millones. La falta de inversiones por parte del Govern balear se ha amortiguado en parte en este mandato con el acuerdo alcanzado entre Cort y la conselleria de Medio Ambiente de aportar 30 millones para la ejecución de distintos proyectos de saneamiento.
De estos, 22,6 millones se invierten en el proyecto de construcción de un nuevo colector interceptor de aguas residuales y de un depósito de laminación que se construye junto a la depuradora del Coll den Rabassa. Con estas obras, que estarán operativas el próximo año, se prevé solventar un 90% de los vertidos al mar desde la cuenca más occidental de la ciudad, lo que representa el 30% del total de la bahía.
Por ello es importante ejecutar en los próximos años las demás infraestructuras de saneamiento previstas por Emaya, entre las que se señala la supresión de los aliviaderos de emergencia situados en la estación de Aduanas, el que vierte en el torrente de na Bàrbara, la construcción de un nuevo emisario submarino de la estación depuradora de Sant Jordi, además de distintas mejoras y una ampliación de esta planta y la mejora del saneamiento y del drenaje de la red de la Platja de Palma, entre otras.
Servicio deficiente
El déficit de financiación también se da en el servicio de limpieza viaria. El Ayuntamiento de Palma transfirió en 2014 a Emaya 12 millones para sufragar este servicio, 14,2 en 2015, 14 en 2016, otros 14 millones en 2017 y 14,4 en 2018, cuando el coste real del servicio ha sido de 23,3, 23,8, 25,9, 26 y 27,5 millones, respectivamente.
Pese al nuevo plan de limpieza ideado por los nuevos gestores de la empresa, en plena campaña electoral se han recibido como un mazazo los resultados de una encuesta de la OCU, realizada mediante la contestación de 126 cuestionarios por parte de ciudadanos, de que Palma es la quinta ciudad más sucia de España.
El nuevo plan de limpieza ha supuesto una inversión en maquinaria, además de la sustitución de todos los contenedores de limpieza, por un importe de 20 millones. Se ha conseguido incrementar el reciclaje del 15% al 25%, con porcentajes que superan en 70% en la recogida móvil del centro.
El cambio del sistema de recogida de trastos ha sido muy criticado, aunque, según la empresa, es más efectivo, eficiente y económico que el domiciliario, ya que el 79% de voluminosos se recogen el día y la hora que toca. El PP y Ciudadanos, al igual que Vox ya han anunciado de que si después de las próximas elecciones tienen responsabilidad de gobernar se volverá a implantar el antiguo sistema de recogida domiciliaria, ahora limitada a personas mayores y con dificultades de movilidad.
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