La burbuja inmobiliaria del ladrillo se ha saldado con enormes dificultades para el acceso a una vivienda digna para la población, incluso para aquella que tiene trabajo, mientras que buena parte de la oferta disponible se ha destinado al alquiler turístico.
Desde el Ayuntamiento se ha intentado afrontar el problema del acceso a la vivienda pese a que, exceptuando las competencias urbanísticas y la posibilidad de conceder ayudas al alquiler a determinados colectivos, apenas carece de atribuciones en la materia. Y las pocas que tiene, como es la posibilidad de intervenir en el mercado del alquiler incorporando un parque de viviendas digno de tal nombre al Patronat Municipal de l'Habitatge, ha sido arrinconado en los últimos mandatos.
De hecho, este patronato, creado en los años 80 para que interviniera en la rehabilitación de los barrios del centro de la ciudad entonces en proceso de degradación como es Jonquet, sa Calatrava o sa Gerreria, dispone en estos momentos del mismo número de viviendas, 378, que las que tenía hace 20 años. Todo ello pese a que el gobierno municipal de Catalina Cirer creó en 2004 la concejalía de la vivienda que, entre otras, promovió la construcción de casas de alquiler en régimen de cesión de superficie.
En este mandato también se creó con el Govern de Jaume Matas, el denominado Consorci Riba, que entre otros cometidos, debía rehabilitar las viviendas del Camp Redó, denominadas de 'Corea' y las de los complejos Pullman de Cala Major.
Mismo parque de casas
El Ayuntamiento también ha renunciado de facto desde hace años a ampliar el parque de viviendas de propiedad municipal para destinarlas al alquiler y, en consecuencia, los sucesivos gobiernos municipales del Partido Popular se dedicaron a "monetarizar" las cesiones de solares procedentes de las urbanizaciones privadas. Como consecuencia de esta política, el Ayuntamiento apenas dispone en estos momentos de solares vacíos ni para construir directamente ni para ceder al IBAVI.
De hecho, en el mandato que ahora acaba, Cort ha cedido a este instituto dependiente del Govern la práctica totalidad de los solares que en estos momentos dispone para la construcción de viviendas: Cinco, en los que se prevé la construcción de 78 pisos. Las cien casas que se pueden levantar en la antigua cárcel, de propiedad municipal, aún no están disponibles, puesto que falta aprobar el instrumento urbanístico que hará posible su desarrollo.
Tampoco están disponibles los solares resultantes de la reurbanización prevista en el antiguo acuartelamiento de Son Busquets, en los que se proyecta desde 2008 un total de 831 viviendas de protección oficial. Los terrenos aún son de propiedad del ministerio de Defensa y falta por aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de esta zona.
Mientras tanto, desde el Ayuntamiento se ha querido atajar el problema de la vivienda desde varios frentes. Por un lado, el inmediato, consistente en intentar parar, paliar o aplazar los desahucios por impago de las hipotecas primero y de los alquileres ahora en mayor medida.
Con la creación de la oficina antidesahucios, que sustituyó a la de intermediación hipotecaria puesta por el PP en el anterior mandato, se han impedido más de 1.400 desahucios frente a los 122 casos resueltos favorablemente en 2014. Otro frente abierto, puesto que incide tanto en el acceso a la vivienda como en la convivencia en los barrios es el de la regulación del alquiler turístico y la limitación del uso hotelero en el centro histórico, el Nou Llevant y el Eixample de la ciudad.
Zonificación vacacional
En aplicación de la modificación de la Ley Turística promovida por el Govern y aprobada en el Parlament y, de acuerdo con la iniciativa popular impulsada por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, avalada por 6.076 firmas, el equipo de gobierno municipal aprobó la zonificación turística prohibiendo el alquiler vacacional en las viviendas plurifamiliares de toda la ciudad.
Esta medida se sustenta en el hecho de que la oferta de pisos de alquiler turístico no reglados aumentó entre 2015 y 2016 en un 50% llegando a alcanzar los 20.000 comercializados.
Se ha comprobado que el 48% de los alquileres vacacionales se ofrecen en períodos de entre 7 y 9 meses, por lo que se cierra la posibilidad al alquiler residencial, además del paralelismo entre el incremento de las viviendas vacacionales y los precios del alquiler, que desde 2013 ha sido del 40%.
El incremento de los precios del alquiler ha dado al traste también con el Programa Palma Habitada, que ha sido sustituido por subvenciones a determinados colectivos como los jóvenes de menos de 35 años y los mayores de 60, que en la actual edición se han extendido a toda la población.
Mientras tanto, para el próximo mandato los principales partidos que se presentan a las elecciones se han enzarzado en una subasta sobre quién promete más viviendas sociales: 1.500 el PSIB-PSOE; 8.000 el PP; 6.000 Unidas Podemos y 831 Ciudadanos.
