Partido Popular. "La crisis económica ha puesto de manifiesto las deficiencias de nuestro actual modelo de financiación en diversos ámbitos y ha hecho patente que los servicios públicos que más valoran nuestros ciudadanos no deben estar sometidos a los vaivenes del ciclo económico", explica el PP en la parte de su programa dedicada a la reforma del reparto para "garantizar una oferta básica de servicios esenciales". Lo dice en referencia a la sanidad, la educación y los servicios sociales. La formación asegura que garantizará "un ritmo de crecimiento estable del gasto" en los tres, "adaptado a la evolución de factores como la población". También respalda "una financiación suficiente de dicha oferta" en todas las comunidades, con "mayor capacidad financiera y corresponsabilidad fiscal" entre ellas para atender el resto de sus competencias. Sin más detalles concretos.
PSOE. El programa socialista incluye la reforma y también repite en la generalidad. "Nos comprometemos a negociar un nuevo sistema de financiación que corrija los déficits de financiación y garantice los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución Española, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las comunidades", señalan, con acceso "en igual de condiciones" de todos los ciudadanos.
Podemos. La formación buscará otro modelo "bajo los principios de equidad, justicia territorial y solidaridad interterritorial". Su esquema, afirman, garantizará "la suficiencia en el ámbito competencial autonómico a través de la recaudación de los tributos cedidos a las comunidades y de la participación en los tributos del Estado" de modo que la financiación "no podrá ser un obstáculo para el desarrollo del marco competencial propio".
Ciudadanos. La financiación autonómica, según Ciudadanos, debe asegurar "la gratuidad y la universalidad" de Educación y Sanidad. Entre las medidas concretas, el partido apuesta abiertamente por eliminar las diferencias con Navarra y País Vasco para que aporten más a la caja común; y la creación de un Fondo de Garantía para asumir el coste de los servicios que se consideren esenciales "una vez enumerados". Ciudadanos habla además de "reconsiderar la capacidad normativa de las comunidades en relación a sus tributos para que tengan la posibilidad real de trasladar a los ciudadanos el coste fiscal de las decisiones políticas de incrementar la cartera de servicios" por encima de esos básicos.
