Juristas de Mallorca contestan a la Junta Electoral por el 'no' a las papeletas con preguntas: "Hay miedo a una democracia más directa en las urnas"

Hay pánico a modificar el sistema y miedo a introducir cambios. Es lo que sostienen los juristas de Baleares Juan Calatayud, José Castro, Ferran Gomila, Mar de la Loma y Josep de Luis, que piden más democracia en las papeletas. Proponen una experiencia piloto en la jornada electoral en los municipios de las islas con el uso en las mesas electorales de un modelo de papeletas con un cuestionario en su reverso. El motivo: hacer llegar a las candidaturas las opiniones que éstas deseen solicitar a sus votantes. Sin embargo, la Junta Electoral Provincial, y por su conducto la Junta Electoral Central, ha denegado su petición. Pese a ello, desean que, en esta jornada de reflexión, la cuestión de una democracia más directa en las papeletas salte al debate público.

«Ya que las decisiones de la Junta Electoral no se pueden recurrir, queremos dirigir una carta abierta a los órganos de control electoral a fin de explicar nuestro disentimiento», reza el documento que puede leerse íntegro en la página web de este periódico y que desmenuzan para este diario el impulsor de la iniciativa, el escritor y politólogo Domingo Sanz, y el juez Castro, uno de los firmantes.

Una de las motivaciones para elevar la consulta de la propuesta de las papeletas a la Junta Electoral Provincial «es la amenaza de un autoritarismo que se puede extender por los poderes de los Estados aparentando fortalecerlos». «Pensamos que con esta experiencia piloto se conseguiría, además, que muchas personas se sintieran implicadas en la política al ofrecerles la posibilidad de dejar constancia de sus opiniones en un momento tan importante como el de las elecciones», recoge la misiva.

«Es un cauce participativo interno», señala Sanz. «En elecciones, son los candidatos los que aportan información y se publicitan ante los votantes. Nosotros pedimos que también sea posible al revés, que el votante diga a su partido político cómo hacer determinadas cosas», agrega el escritor afincado en Esporles.

«Pensamos además que esta iniciativa haría trabajar a los políticos más y mejor», convergen Sanz, Castro y el abogado Ferran Gomila.

A ninguno de los tres les ha extrañado la negativa del órgano de control electoral. ¿Por qué motivo? Gomila acude a Montesquieu para expresarlo de manera clara: «Del poder no pises ni la sombra».

«Tenemos una ley electoral que no se ha tocado desde hace muchos años, que es injusta y que en gran parte tergiversa la voluntad popular. Modificarla implicaría un cambio legislativo que tal y como están las cosas es imposible que se produzca. Lo que nosotros proponemos no requiere ningún cambio legislativo y de hecho la junta electoral lo reconoce», sostiene Sanz.

Para Castro, ha habido «un grado de timidez» por parte de la Junta de Balears ante la propuesta. «Normalmente, cuando una junta accede, las demás le copian. Entonces, lo que se hace desde la Junta Balear es elevar la consulta a la Junta Central, y ésta no ha encontrado ningún precepto de la ley que lo prohíba. Su contestación se basa en una serie de acuerdos suyos de otros casos, pero que no son lo mismo que nuestra propuesta», señala Castro.

En el acuerdo de la Junta Central se recoge que la reflexión y la regularidad que deben presidir el acto de votación impiden que el día señalado para dicho acto puedan celebrarse actos públicos o llevarse a cabo actividades públicas de consulta o encuesta a la población que pueda afectar a los citados principios.

No hay ningún acto público

Según el juez y los cuatro abogados firmantes de la propuesta, la experiencia política que proponen no incluye la celebración de ningún tipo de acto público. «La propuesta no sólo respeta los principios de reflexión y regularidad, sino que potencia el primero». En la carta abierta, los juristas firmantes aseveran que «debido a circunstancias que no conocemos pero que sí suponemos derivadas de un exceso coyuntural de la carga de trabajo, la Junta no ha analizado lo suficiente el texto de nuestra consulta».

En cuanto al punto de las consultas o encuestas, los juristas se muestran muy sorprendidos. Primero, porque el artículo 69 de la ley electoral lo que regula es la publicación de encuestas, no la realización de las mismas. Y por otra porque «es imposible olvidar las encuestas realizadas a pie de urna desde la apertura de los colegios hasta su cierre, llegando a publicarse sus resultados casi una hora antes de que miles de electores de Canarias hayan ejercido su derecho al voto y que, por tanto, podrían alterar su decisión en base a una información de la que se hacen inmediato eco muchos medios de comunicación».

La carta abierta termina con dos peticiones a la Junta Electoral Central «para resolver el posible malentendido y/o las deficiencias que aparecen en la versión del acuerdo 180/2023 que en este momento sigue ofreciendo en su página web de internet». Por un lado, demandan que la Junta incorpore en el enlace de internet el texto completo de la consulta tal y como se entregó a la Junta Provincial el 27 de abril de 2023. Y por otra, en cuanto al acuerdo, solicitan que suprima los contenidos que nada tienen que ver con la experiencia piloto tal como está diseñada en el documento base de la consulta y que exponga las condiciones que deberán cumplir las iniciativas de candidaturas que deseen emplear el reverso de las papeletas de votación para solicitar opiniones de sus votantes.

Castro deja claro que ninguno de los que han firmado esta posibilidad de llevar a cabo la experiencia piloto con las papeletas forma parte de candidatura alguna. «Sí sabemos que la propuesta le hubiera gustado a alguna candidatura y también a gran parte de la ciudadanía», asegura Sanz. Por otra parte, comentan, «la propuesta no generaría ni obligación ni consecuencia legal alguna para ninguna de las partes, sino que su finalidad sería la de fortalecer la comunicación entre partidos y votantes», señalan.

«En campaña circula el panfleto, el anuncio publicitario. Que por una sola vez los votantes pudieran decir la suya al partido lo vemos importante. Por otra parte, nos interesa también que los partidos tengan que esforzarse en poner la mejor pregunta para el ciudadano. Ojalá en algún ayuntamiento pudiera darse la posibilidad de que todos los candidatos se pongan de acuerdo y coincidan en alguna pregunta que fuera de interés para los ciudadanos y que tuviera que ver con sus problemas reales».

El juez Castro cree que la denegación que se intuye en el documento de la Junta Electoral Central responde a cierto miedo, «no a que alguien te llame la atención, sino que es miedo a las consecuencias de lo que resuelvan». En el caso de la Junta Provincial, «ni siquiera se ha atrevido a resolver, por eso elevó la consulta a la Junta Central. Quizá a la Junta Provincial la cuestión le venía grande, no porque se le presentara un gran problema jurídico, sino porque debieron pensar que esto iba a trascender más de lo que desearían». «Es una situación nueva, es posible que les hayamos descolocado», añade.

«Pensamos que si se involucran los partidos en incluir estas preguntas y se manifiestan a favor de la propuesta, a la Junta Electoral se le acabará el miedo», abunda Sanz. «Por norma general, a los partidos les cuesta más innovar. Contextos de inestabilidad, como el que ahora vivimos, estimulan la imaginación. Por eso se nos ha ocurrido dar un paso en este sentido. Sabemos que nunca se ha propuesta nada igual antes, pero creemos que muchos ciudadanos habían pensado en la posibilidad de aportar más información en las papeletas», dice el escritor.

Para el juez, las elecciones son una maquinaria que rueda de manera rutinaria. En su caso, el hecho de estar jubilado le permite tener más libertad de movimiento para apoyar iniciativas en pro de mejorar la democracia.

¿Qué partidos verían con buenos ojos la iniciativa?

«Formaciones con carencias democráticas se cerrarán ante ello. A aquellas que solo lo son formalmente en sus estatutos no les interesará saber la opinión de sus votantes, pero creemos que la gran mayoría estaría a favor», sostiene Sanz. «Nuestra iniciativa es una suerte de referéndum participativo, un plus de democracia. Se tiene que conquistar cierto protagonismo por parte de la sociedad a través de mecanismos que no siempre son fáciles de encontrar. En nuestro caso, nuestra propuesta pretende colocar a las direcciones de los partidos políticos ante las opiniones de los votantes», concluyen.

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