El acuerdo programático autonómico consensuado entre PSIB, Podemos y Més incluye la creación de un Observatorio de Precios de la Vivienda, que se encargará de estudiar el mercado inmobiliario en las islas y proponer medidas para controlar los precios. Esta es una de la cuestiones que los partidos del Pacto han incluido en el paquete de políticas que integrarán los próximos acuerdos de gobernabilidad, pendiente de algunos flecos por cerrar entre ellos el de la regulación del todo incluido.
El acuerdo consensuado hasta ahora se caracteriza por la continuidad en la mayor parte de las áreas con las principales políticas impulsadas por el Govern de la socialista Francina Armengol en los últimos cuatro años, profundizando en ellas. La izquierda identifica el acceso a la vivienda y la movilidad como los dos grandes retos de las islas y deja claro que serán dos de las principales prioridades para los próximos cuatro años.
En el caso de la vivienda, además de abrir la puerta al control de los precios en las islas, se comprometen a aprobar medidas extraordinarias para garantizar el acceso, entre otras como la de desarrollar la oficina de vivienda vacía para detectar los inmuebles que se encuentren esta situación y establecer una bolsa concreta de alquiler social dirigida a los jóvenes. Asimismo se establecerán incentivos fiscales, dentro del tramo autonómico del IRPF, a los pequeños tenedores arrendadores que fijen precios de alquiler accesibles y a los que fomenten alquileres de larga duración.
En movilidad, además de la ejecución del plan sectorial con medidas anunciadas como la de la llegada del metro hasta Son Espases o el proyecto de tranvía o trambus al aeropuerto y la bahía de Palma, se incluye la reclamación al Gobierno central de nuevas rutas aéreas con la Península con precios máximos, la cogestión de puertos y aeropuertos de las islas y el pago íntegro de la bonificación del 75 por ciento del transporte marítimo entre islas.
También recoge numerosas reivindicaciones y exigencias ante el Gobierno central, como el pago de la deuda del antiguo convenio de carreteras o el desarrollo del REB con inversiones estatales a través de convenios en movilidad, infraestructuras hidráulicas y energéticas y otros proyectos. Además, la izquierda se compromete a defender, en la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica, la defensa del principio de ordinalidad, es decir, que cada comunidad reciba en función de lo que aporta, así como la condonación de parte de la deuda balear. Asimismo exigirán al Ejecutivo de Pedro Sánchez la derogación de la reforma laboral.
El acuerdo programático está pendiente de cerrar algunas cuestiones con las que Més no está de acuerdo, como el que la regulación del todo incluido se contemple vinculada a la oferta ligada al turismo incívico, al considerar que debería aprobarse una Ley específica para esta modalidad además de las medidas para la oferta ligada a excesos y consumo de alcohol.
Aunque el texto sobre las políticas que se aplicarán está pendiente de consensuar estas discrepancias antes de que cada partido lo someta al visto bueno de sus órganos, PSIB, Podemos y Més comenzarán ya hoy con la parte de las negociaciones que previsiblemente provocará mayores enfrentamientos: la del organigrama del Govern, es decir, el reparto de cargos.
