El GOB da un plazo de cien días al próximo Govern y al resto de instituciones insulares para realizar cambios que afronten la crisis ecológica que padece Balears, que cada vez es más grave. Amadeu Corbera, presidente del GOB, y Margalida Ramis, portavoz de la asociación ecologista, han señalado esta mañana su decepción con el anterior Pacte de Govern y confían en que el nuevo ejecutivo afronte los compromisos ecológicos que adoptó.

Así, el Govern ha elaborado una propuesta de diez puntos sobre los que entiende que debe fundamentarse este cambio real, que pasa, entre otras cosas, por paralizar las obras de carreteras que se están construyendo en Mallorca (incluyendo el tramo de Llucmajor a Campos) y limitar la construcción de nuevas viviendas, al tiempo que se proteja los terrenos rústicos.

Los ecologistas creen necesario que Baleares afronte un nuevo modelo económico qe afronte la justicia social. Que se desarrolle una economía que apueste por los recursos naturales, la contención del crecimiento y la defensa de la historia, la cultura y el territorio de las islas.

También reclaman un nuevo modelo urbanístico y territorial y que se afronte un pacto por el territorio, que incluya una protección ambiciosa y duradera "que garantice la conservación del territorio y la dignidad de las personas que viven en estas zonas".

Dentro de este plazo de cien días que da al Govern para aplicar medidas urgentes incluye una revisión del modelo territorial y de todos sus instrumentos de ordenación, que límite el crecimiento, que incluya la desclasificación de los terrenos y proteja el suelo rústico para usos primarios.

También se considera urgente una revisión de la ley turística para abordar la necesidad de una moratoria y un decrecimiento de las plazas turísticas. Asimismo, el GOB también reclama una revisión de los instrumentos de planificación de los puertos de interés, los puertos autonómicos y el aeropuerto, con la persectiva de la contención del crecimiento, así como la reclamación directa de la gestión autonómica de las principales insfraestructuras de entrada y salida de personas y mercancías.

Margalida Ramis hizo hincapié en la contaminación que representa la llegada de tantos cruceros al puerto de Palma, debido entre otras cosas a las partículas que genera los motores de estos grandes barcos, que utilizan el combustible de más baja calidad y, por tanto, el más contaminante. Consideró necesario que el Govern impulse un acuerdo con otras administraciones de otras zonas para exigir. A estas compañías navieras que utilicen un combustible de más calidad y, por tanto, menos contaminante, bajo la amenaza de que no podrán navegar por aguas del mediterráneo.

El GOB también afronta como un hecho urgente el tema de la construcción. Reclama que se apruebe una ley que regule la adquisición de inmuebles por parte de no residentes sin un mínimo d cinco años de residencia en Baleares, de tal forma que se linde el derecho al acceso a las viviendas y se fijen medidas concretas contra la especulación inmobiliaria y urbanística. Recordaron los dos representantes del movimiento ecologista que ahora se está produciendo en Baleares un nuevo boom urbanístico, sobre todo para construir viviendas de lujos, destindos a extranjers. Y que hay muchos inversores que están comprando el poco suelo urbanizable que hay en Mallorca para construir nuevos inmuebles. Creen que se deben adoptar medidas urgentes para evitar esta especulación y para permitir el uso de las viviendas a las personas que lo necesiten. Amadeu Corbera recordó que gran parte del éxito que permitió a los partidos de izquierda recuperar el poder en Baleares fueron los movimientos sociales, incluyendo el GOB, por lo que exigió al próximo ejecutivo que tenga en cuenta esta situación a la hora de desarrollar nuevas políticas que olvidan estas reclamaciones ecologistas.