PSOE, Partido Popular, Podemos y Ciudadanos protagonizaron ayer, coincidiendo con el primer día de campaña de las próximas elecciones autonómicas y municipales, un duelo a costa de la construcción o de la puesta a disposición de vivienda pública en Balears en los próximos cuatro años.
Mientras los socialistas se comprometieron a poner en el mercado en el próximo mandato 5.000 viviendas públicas, los populares aseguraron que van a "facilitar la construcción" de 8.000; el partido morado, 6.000 hasta 2023; y Ciudadanos, 1.000 entre el antiguo acuartelamiento de Son Busquets y solares de la antigua prisión.
La presidenta del Govern balear y candidata del PSIB, Francina Armengol, acompañada por la candidata al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y del cabeza de lista de los socialistas al Ayuntamiento de Palma, José Hila, explicó el programa del PSIB en materia de vivienda, que los socialistas quieren convertir "en la quinta pata del Estado del Bienestar" en las islas.
Para ello, anunció la puesta en funcionamiento en los primeros seis meses de "un plan de medidas extraordinarias de acceso a la vivienda" encaminadas a "generar más oferta y controlar los precios con el fin de abaratar tanto la compra como el alquiler".
Los socialistas prometieron la creación de un observatorio del alquiler, que fijará precios máximos en las zonas con falta de vivienda y la aprobación de un Plan de Espacios Habitacionales de Interés Autonómico, que permitirá construir en suelos calificados como de equipamientos a precios limitados con el fin de aumentar la oferta. Asimismo, se comprometen a aplicar el silencio administrativo positivo a la hora del otorgamiento de la licencia de obras a las promociones que destinen al menos el 60 por ciento de los pisos a vivienda social y a aprobar una batería de incentivos fiscales y de ayudas a la rehabilitación de inmuebles.
La propuesta de los populares
Por su parte, el candidato del PP, Gabriel Company, se comprometieron a "facilitar la construcción de 8.000 viviendas a precios asequibles para los jóvenes", aunque señaló que se puede hacer "sin invertir un solo euro público". Los populares proponen avalar también a los menores de 35 años, el 20 por ciento que no se incluye en la financiación de los bancos y se comprometieron a impulsar la ejecución de las 830 viviendas de promoción pública prevista en Son Busquets. También prometen bajar el IRPF del 8 por ciento al 2 por ciento y bonificar a los propietarios que alquilen pisos a 500 euros.
Por su parte, el candidato de Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, aseguró que su formación triplicará el actual parque de vivienda pública hasta alcanzar la cifra de 6.000 mediante la compra de casas de segunda mano y la cesión de suelo público. En el transcurso de una visita a Can Domenge, "símbolo de la corrupción y del pelotazo urbanístico" según explicó, afirmó que "ha sido necesario que Unidas Podemos llegue al Parlament para que se legisle sobre el derecho subjetivo a la vivienda en esta Comunitat Autónoma".
Por su parte, el candidato al Govern de Ciudadanos, Marc Pérez Ribas, manifestó que la construcción de vivienda social y la potenciación del alquler será su "gran prioridad". A las puertas del antiguo acuartelamiento, se comprometió a construir las 831 viviendas previstas en el Plan Especial del antiguo acuartelamiento militar de Son Busquets en Palma.
